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Los tres poderes públicos, por norma constitucional, están constituidos para salvaguardar la vida y honra de los ciudadanos. Lamentablemente, para el caso del proyecto de ley que prohíbe la utilización del asbesto en obras públicas, parece que priman más los intereses económicos y politiqueros que cumplir con el sagrado deber constitucional.
La desidia y modorra administrativa sobre caso tan delicado no tiene nombre: Gobierno, Congreso y organismos de control se han hecho los de la vista gorda, y no se vislumbra ninguna solución hacia el futuro.
Es inaudito que el Gobierno, ante las dilaciones del Congreso de la República para aprobar la ley que prohíbe el uso del asbesto como material altamente nocivo para la salud, continúe impasible.
¿Será que se requiere de una acción de tutela para obligar a los organismos competentes a dictar las medidas pertinentes sobre el particular, y a constructores y fabricantes de asbesto a utilizar otros materiales?
A todas estas, qué dicen los señores ministros de Salud y Minas, a quienes les corresponde meter en cintura tan peligroso material de construcción, para salvar la vida de miles de compatriotas que por su trabajo y uso directo del asbesto están expuestos a contraer cáncer de pulmón o asbestosis.
Pero, también, qué dicen los señores congresistas de las comisiones VII de Senado y Cámara de Representantes, que inicialmente se comprometieron a aprobar la ley que prohíbe en Colombia el uso del asbesto y al momento de evacuarla salieron con un chorro de babas, argumentando no estar lo suficientemente ilustrados sobre el tema.
Todo indica que, sobre asunto tan delicado, se están moviendo intereses económicos, según denuncias: cuando la ley surtió su trámite en primer debate, varias de las fábricas de asbesto desplazaron al Congreso de la República funcionarios a hacer el lobby correspondiente, muy seguramente para inyectarles la famosa mordida legislativa.
Hay que felicitar a la senadora Nadia Blel, quien después de exhaustiva investigación sobre las enfermedades que produce el uso del asbesto presentó a la Comisión VII del Senado el proyecto de ley Ana Cecilia Niño, en memoria de una de las víctimas que murió de cáncer de pulmón o de la llamada asbestosis implorando al Gobierno su prohibición; a quienes la vimos por la televisión meses antes de morir nos produce indignación que el Gobierno, no obstante otros casos registrados, continúe en el más absoluto mutismo.
El asbesto, conocido también como el amianto, viene siendo cuestionado desde 1905 cuando un grupo de científicos hizo las investigaciones iniciales, llegando a la conclusión de que su uso y producción es altamente nocivo para la salud, por esta razón se encuentra prohibido en toda la Comunidad Europea y 50 países más.
De acuerdo a informaciones recibidas, cada año mueren en Colombia cerca de 500 personas víctimas del cáncer de pulmón o de la llamada asbestosis, esta cifra puede considerarse mínima, puesto que existen miles de casos en diferentes regiones del país a donde no ha llegado el estado de alerta sobre esta enfermedad, que se produce por el manejo o inhalación de los estanques u obras construidos con el asbesto.
¿Cuántas muertes más se necesitarán para que los organismos encargados de prohibir su producción y uso salgan de la modorra administrativa y miren a su alrededor el panorama desolador que han presentado varios noticieros de televisión con pacientes postrados por el cáncer de pulmón o asbestosis?
Esperamos que los organismos de control, con el señor defensor de Pueblo a la cabeza, inicien cuanto antes una cruzada sobre asunto tan delicado para la salud de los colombianos, pero tan inhumano para los productores, que según informaciones están moviendo intereses económicos altamente calificados.
Con todas las advertencias que se están haciendo por los medios de comunicación, las personas que padezcan esta enfermedad producto del asbesto tienen pleno derecho a solicitar una indemnización del Estado.
Esperamos que el señor Gobierno se manifieste en el menor tiempo posible.
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