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En varias columnas hemos sostenido que los organismos de control regionales y municipales —contralorías y personerías—, con algunas excepciones, deberían desaparecer, pues tal cual están constituidos no pasan de ser apéndices de los políticos de turno, sin ninguna seriedad y responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones de control fiscal, administrativo y disciplinario.
Nadie entiende cuál es el papel que están cumpliendo algunos organismos de control del nivel regional y municipal, al permitir que los auxilios destinados por el Gobierno Nacional para la cuarentena, consecuencia del coronavirus, se estén desviando a otros menesteres, sobrefacturándolos escandalosamente —hasta en un 200%— y cometiendo toda clase de artimañas. Al parecer tienen montado todo un engranaje criminal para defraudar al Estado y a los damnificados del COVID-19 en los tiempos más críticos que está viviendo el país.
Si analizamos las funciones que debe realizar cada uno de estos organismos, nos damos cuenta de que solamente unos pocos cumplen con sus funciones constitucionales, por eso muchas administraciones están al garete, pues adolecen del control fiscal, administrativo y disciplinario de los organismos antes mencionados.
Debemos entender que la pandemia del coronavirus apenas empieza y por ende la cuarentena podría extenderse por varios meses, por eso es importante salir al paso de los pillos y ladrones que están pescando en río revuelto, con el fin de ponerlos a buen recaudo de las autoridades.
Como prevención de todo esto, hemos propuesto que se creen las veedurías ciudadanas, con el fin de que hagan presencia en las administraciones regionales y municipales para que pidan cuentas a los organismos de control sobre las acciones que estén adelantando.
Las veedurías ciudadanas, en estos momentos de dificultades para el país, deberían imponerse mediante decreto presidencial, en uso de las facultades de emergencia social, de conformidad con el artículo 215 de la C. P.
Estas veedurías podrían constituirse a tenor de la misma emergencia social, por un grupo de ciudadanos en cada municipio con el solo registro de voluntarios en las alcaldías municipales, anexando la dirección y la cédula de ciudadanía de cada participante.
Si no queremos seguir viviendo el espectáculo infame y grotesco denunciado por el contralor general de la República, donde delincuentes de cuello blanco, muchos de ellos incrustados en altos cargos de la administración pública, se están apoderando de los mercados y demás auxilios aportados por el Gobierno Nacional para hacer frente a la cuarentena, es fundamental que se creen, aunque sea para el caso del coronavirus, las veedurías ciudadanas.
Todos sabemos que estos recursos, traducidos en dinero o en especie, son girados por el Gobierno Nacional a través de la organización recientemente creada para estos efectos, gerenciada por Luis Guillermo Plata, exministro de Comercio, de reconocida solvencia moral y administrativa.
Antes de que apareciera el coronavirus, los líderes de la corrupción ya estaban lo suficientemente organizados para dar el campanazo final e irse a una guerra del primero que llegue a reclamar el famoso CVY, “cómo voy yo”, en los miles de contratos que obligatoriamente tendrán que autorizar los gobiernos nacional, regionales y municipales para proteger a sus ciudadanos y empresas en lo que dure la pandemia del coronavirus.
Sería muy importante que los señores alcaldes recibieran una capacitación virtual sobre el manejo de estos recursos, pues por primera vez en la historia de nuestro país se van a ver abocados a manejar recursos imprevistos, para subsidiar a las familias vinculadas a determinados programas.
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