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Desde hace varios años se viene ambientando en foros y seminarios la iniciativa de buena aceptación popular que busca reestructurar la Institución municipal. Es claro que tan importante escenario sobre el cual gravita la responsabilidad Político Administrativa del Estado, no ha sufrido reforma estructural de fondo desde la Constitución Política del 1.986.
Podríamos decir que con excepción del Acto Legislativo No.004/86 y las Leyes: 94, 136/94 y 617/ 2000, que dio vía libre a la elección popular de Alcaldes y Gobernadores, y categorizó los departamentos y municipios; los aspectos geopolíticos para su adecuado manejo son tan obsoletos, que requieren con urgencia de una reestructuración, político – administrativa.
Hay que reconocer que en los municipios reposan los tesoros más preciados de la Nación. En su mayoría son protagonistas y fieles testigos, cuando no, de hechos violentos; de guerras y batallas altruistas para consolidar la democracia. Han sido también, gestores de grandes procesos de desarrollo que contribuyen al bienestar de sus conciudadanos en la generación de empleo y obras de infraestructura. Todos tienen una historia que contar desde las épocas de la Conquista, la Colona, la Independencia y nuestra era Republicana. Los hechos históricos de los pueblos están guardados en la memoria de sus habitantes.
Para desentrañarlos, es indispensable visitarlos y recorrer sus calles, veredas y sitios de interés; admirar sus monumentos históricos, fuentes de desarrollo, recursos naturales, humanos y la idiosincrasia de sus moradores. Solo así, se podrá admirar la grandeza y proeza de quienes fueron sus fundadores, protagonistas de connotados acontecimientos, muchas veces ocultos en archivos polvorientos y anaqueles obnubilados por el olvido. El origen de los pueblos está también en las bibliotecas y casas de cultura; infortunadamente poco visitadas por sus investigadores. La institucionalidad municipal hay que guardarla y conservarla como un tesoro nacional. Sin embargo, el conjunto de normas Constitucionales, Leyes, Decretos, Resoluciones, Ordenanzas y Acuerdos; que hasta el presente los han regulado, requieren de una serie de ajustes, con el fin de adecuarlos a la dinámica administrativa y gerencial de los últimos tiempos.
Es claro que la normatividad actual, está llena de vacios por donde se filtran los malos hábitos politiqueros que conducen a sus funcionarios por los laberintos de la corrupción y finalmente echan las administraciones por los despeñaderos de la inviabilidad administrativa. Por eso, en hora buena, se está debatiendo en foros, con participación de organizaciones expertas en la vida municipal y la sociedad civil; el tema del: Nuevo Municipio Colombiano.
¿Pero cómo debería ser el Nuevo Municipio Colombiano? Es la pregunta de deben hacerse las Autoridades político Administrativas y Legislativas de nuestro País. Causa sorpresa cuando nos asomamos a la Fiscalía y Procuraduría, para averiguar por la suerte de los municipios. Con raras excepciones, en su mayoría se encuentran seriamente cuestionados. Muchos de sus Alcaldes y Concejales, con problemas gravísimos con la justicia; varios encarcelados o huyendo de ordenes de captura vigentes. La principal causa de todo esto, son los contratos, regalías, impuestos prediales, transferencias de la Nación; que primordialmente en épocas electorales se convierten en botín para hacerse elegir o elegir a sus incondicionales para continuar dando rienda suelta sus fechorías.
Para responder la pregunta anterior, volvemos a lo de siempre: No existe en Colombia un escenario adecuado para construir verdaderas fuentes de desarrollo municipal. La razón es muy sencilla: Los Alcaldes son de elección popular; por lo general sus candidatos están sujetos a la voluntad del gamonal político de la región, que para poder ganar, tiene que garantizarle un cronograma administrativo y financiero a su acomodo. Por consiguiente, los planes de desarrollo municipal, así hayan sido aprobados mediante los mecanismos Constitucionales de Participación Ciudadana, no cuentan para nada, puesto que, el cacique de turno es quién impone su férrea voluntad para satisfacer su conveniencia política.
En conclusión, si queremos administraciones locales viables administrativa y financieramente, se requiere que la tan anhelada Reforma Política, de la cual tanto se ha hablado, incluya la Institución Municipal. Tenemos que aceptar que en la actualidad existen sinnúmero de municipios, que no son viables, porque no son auto – sostenibles; carecen de un plan de desarrollo acorde con sus recursos naturales y humanos, existentes en sus áreas urbanas y rurales. ¿Qué va a pasar entonces con ellos? que según la Ley 617/2000, les señala un plazo hasta mediados del presente año, para que corrijan sus falencias y debilidades de su inviabilidad como entidades de desarrollo municipal.
Comunidad Desarrollo y Gestión