P.D.A: Una estafa a los municipios

Como consecuencia de la falta de  tan preciado líquido indispensable para la vida, y por culpa de  toda una jauría de pillos y ladrones de cuello blanco incrustados en las altas esferas del Estado, son miles y miles los compatriotas que han fallecido, especialmente de la tercera edad y la población infantil. Según datos estadísticos suministrados de primera fuente, no obstante los abultados presupuestos que se han invertido para estos programas en los últimos años, de cuarenta y cinco millones de habitantes que tiene Colombia, solamente el 31%  dispone de agua potable y saneamiento básico.

Hago un llamado a los Organismos de Control para que sin pérdida de tiempo inicien cuanto antes las investigaciones respectivas, con el fin de llevar a la cárcel a quienes resulten responsables de semejante descalabro social. Considero que esta investigación hay que iniciarla desde el Vice ministerio de Aguas, que no obstante sus flamantes oficinas, hacer cualquier diligencia allí, es toda una tortura, nadie da razón de nada, toda gestión se diluye, en investigaciones, estudios técnicos, controles previos, finalmente se agota el presupuesto y todo se queda en veremos.

Es un llamado también de alerta para que los gobernadores y alcalde del país, especialmente los salientes, que han contribuido al llamado Plan Departamental de Aguas, le exijan al “Consorcio de Inversión para el Agua, FIA”, la devolución inmediata de los dineros que le fueron depositados en tan mentiroso programa de inversión, – so pena de perder todos los demás beneficios del Estado como, subsidios de salud, vivienda, agua potable, entre otros-. Pero también, es un llamado a los Gobernadores y Alcaldes entrantes, para que no se dejen extorsionar de quienes han hecho estas amenazas y antes de tomar cualquier decisión al respecto, investiguen muy bien donde han ido a parar estos recursos que sus antecesores depositaron de muy buena fe, con el fin de llevar agua portable a sus Municipios y que después de ocho años de dilaciones, los resultados son tan pobres, que a todo el mundo se le agotó la paciencia.

Si tenemos en cuenta que el mentiroso programa fue declarado Inconstitucional con fecha 14 de Julio del año en curso, no tiene ningún sentido que ciertos funcionarios continúen dilatando el reintegro de dichos dineros. Se dice que hay un proyecto de Ley, que da un alivio a tal situación, para que los recaudos continúen hasta el año 2.028, es decir, que se alarga más la agonía  esquilmando a los municipios en un programa tan indispensable para la vida de sus habitantes. ¿Pero qué es el PDA? Se llama, Plan Departamental de Aguas, este entuerto apareció en el año 2004, cuando funcionarios del alto gobierno, empezaron a pedir a los gobernadores, sirvieran de enlace con los alcaldes, comprometiéndolos a pignorar parte de los ingresos de los Municipios hasta el año 2028, con el fin de garantizarles agua potable y saneamiento. Cientos de ellos cayeron en la trampa.

Para ejercer estos recaudos se inventaron la llamada: “FIA, Consorcio de Inversión Para el Agua” que a la fecha de hoy ha recaudado según estimativos más de medio billón de pesos, pero, lo más sorprendente, es que  tales dineros se han dilapidado en más de un 50%, en estudios de investigación y de viabilidad, que la verdad sea dicha de paso fueron hechos por profesionales y corbatudos de postín que a nadie convencen. Todo parece indicar que estos dineros se esfumaron en burocracia arrogante, incapaz y altanera, que todo lo acapara con las recomendaciones de altos poderes del Estado.

En audiencia pública, celebrada el 28 de Noviembre pasado, en la gobernación de Cundinamarca, con asistencia del Señor Gobernador, Andrés González, delegado de la Procuraduría y el Viceministro de Aguas, el responsable del programa para Cundinamarca, Félix Guerrero, se limitó a dar unas explicaciones nada claras y entre bambalinas, sin aclarar la situación de los dineros depositados a la FIA, por los Alcaldes de Cundinamarca, generando entre los presentes más dudas e incertidumbres.

El señor delegado de la Procuraduría, allí presente, palabras más, palabras menos, exigió claridad sobre el manejo de estos programas y sobre todo de los dineros depositados, que a la fecha, solo arroja gastos y sorpresas de inversión, sin que se haya llevado agua potable y alcantarillado a alguno de los municipios a portantes. Si esto ocurre en las narices de los Poderes Centrales, qué podemos decir de los municipios aislados de Colombia, que han hecho aportes y no se han dado cuenta de semejante descalabro social. Esto realmente merece un debate de responsabilidades, para exigir del Gobierno Nacional, se pronuncie sobre semejante debacle, que muy seguramente a través de los medios traspasará las fronteras Patrias con graves repercusiones en los Organismos Internacionales y vergüenza para Colombia.

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