Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
No nos apartamos de las buenas intenciones que asisten a la señora alcaldesa de Bogotá al proponer algunos medios de persuasión para que los revoltosos, principalmente delincuentes encapuchados con sueldos de hasta $200.000 por trifulca, desistan de sus actos vandálicos.
Pero de allí a que se pretenda cambiar algunas normas de la Policía Nacional es tarea totalmente imposible, pues dicha institución, nacional e internacionalmente, está regulada por protocolos legales y constitucionales que son de obligatorio cumplimiento para las partes.
El mayor general (r) de la Policía Nacional Nicolás Muñoz Martínez, administrador de empresas de la Escuela de Negocios EAN y autor de varios libros sobre seguridad y democracia, con plena autoridad moral y profesional que lo caracteriza, acaba de interponer un derecho de petición, con radicación número 1-2020-2199, pidiendo a la alcaldesa mayor de Bogotá, doctora Claudia Nayibe López Hernández, que se suspenda la aplicación de dicho protocolo de atención para las manifestaciones en la ciudad, pues de aplicarse tal cual lo expone en su comunicado, pone en grave peligro moral, psicológico y físico a los policías en ejercicio de sus funciones cuando se trata de reprimir acciones violentas.
Con el debido respeto por la señora alcaldesa, considero que el protocolo ideado por su despacho para contrarrestar los hechos violentos de las manifestaciones choca con normas de seguridad dictadas por la Policía Nacional para que sus agentes cumplan con sus deberes con seguridad, profesionalismo y eficacia.
Si bien los alcaldes son la primera autoridad policial en sus respectivas jurisdicciones, no pueden dictar normas a su capricho y mejor conveniencia, pues para eso está la Policía, institución creada con jurisdicción y mando en todo el territorio nacional para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Por excederse en sus funciones y desconocer la normatividad vigente que regula la funciones de la Policía Nacional para el control de las manifestaciones, la norma protocolaria en su punto 3 no encaja dentro de los parámetros regulatorios de seguridad para los agentes de policía, que en un momento dado deben actuar, desde luego que con profesionalismo, utilizando los instrumentos permitidos por la institución y las organizaciones internacionales de derechos humanos.
No se puede pretender que para controlar hechos violentos, que vienen presentándose desde finales del 2019 y continuados en el 2020 con un saldo de cientos de policías heridos, los agentes del orden lo hagan simplemente con el bastón de mando, cuando los encapuchados —pagados— utilizan todo tipo de armas contundentes: cadenas, martillos para romper vidrios y destruir cajeros automáticos, o elementos explosivos como las papas bomba, molotov y otros artefactos que han sido denunciados por varios medios de comunicación, donde se manifiesta toda una estructura criminal para desestabilizar el orden social de nuestro Estado de derecho.
El Consejo de Estado ha sido muy claro en advertir que los miembros de la fuerza pública en ejercicio de sus cargos corren inminente peligro, razón por la cual deben estar dotados de todos los instrumentos de trabajo permitidos, pues cuando se presenta un accidente o la muerte de uno de ellos, se entra en la órbita de responsabilidad que puede tener el Estado por no haber brindado los instrumentos necesarios para ejercer adecuadamente su cargo.
En consecuencia, esperamos que la señora alcaldesa entre en razón y suspenda el protocolo al que hace alusión el presente derecho de petición, buscando otros medios más persuasivos como, por ejemplo, el de las madres de familia vestidas de blanco, para que sirvan de mediadoras ente los huelguistas y la fuerza pública.
Conoce más