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Se inició el 2 de agosto un juicio histórico a 38 personas involucradas en el mayor esquema de corrupción ocurrido en Brasil, que fue organizado durante el primer mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y cuyo objetivo era garantizar una votación favorable a las propuestas del gobierno en el Congreso. Participaron de ese esquema diputados, dirigentes partidarios y empresarios.
El Partido de los Trabajadores también cayó en la trampa de la seducción del poder y de la máxima de que los fines justifican los medios. Una de sus características en las gobernaciones de las principales ciudades del país, había sido el fuerte compromiso y la responsabilidad con el erario. Sin embargo, el PT no lograría vencer uno de los grandes desafíos de la democracia en Brasil: “el presidencialismo de coalición”, con todas las virtudes y vicios que eso representa. Al tener minoría en el Congreso, el PT optó por el peor y más conocido camino: la corrupción.
En 2005, el entonces deputado Roberto Jefferson denunció el esquema: el más victorioso triunfo de la oposición. El Brasil de Lula, la esperanza de cambio, ahora suscitaba renuncia, impedimento. Lula habló a la población, afirmó desconocer el esquema, salió a la calle a defender la “legitimidad” de su gobierno. De escándalo político se pasó a la “morosidad” de la justicia.
¿Qué estuvo y está en juego?
Estuvo en juego la consistencia de un proyecto político que cambió variables importantes del contexto doméstico nacional y de la inserción internacional del país. La sucesión presidencial, al hacer que Dilma Rousseff pasara a ser la candidata “natural” debido a que los principales íconos del PT habían sido denunciados por corrupción. Se registró un vacío de poder en las filas del partido, pero la base popular del gobierno Lula, el carisma incontestable de su líder, la ausencia de proyectos significativos de la oposición, garantizaron la permanencia del “lulismo”. Sin embargo, su credibilidad había sido duramente golpeada.
Están en juego los comicios regionales de 2012, una lucha desesperada de la oposición por recuperar sus principales reductos políticos, un esfuerzo contundente del PSDB para reconquistar espacios perdidos desde la primera elección del gobierno Lula.
Está en juego la transparencia pública y el cuestionamiento de cuán válida es la ley para “nobles y plebeyos”.
Está en juego el fortalecimiento de la democracia. Éste es un momento histórico para trabajar en pro del cambio de la cultura política, frecuentemente origen de la debilidad institucional del país.
Sin duda, en año electoral la esperanza de un Brasil más ético está en las manos de 11 ministros del Supremo.
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