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El domingo 19 de septiembre, en una emotiva ceremonia, el Ministro de Agricultura restituyó a 34 familias de Urabá las tierras que les habían quitado los paramilitares. Uno de los presentes era el líder regional de la asociación de víctimas, Hernán Pérez. Esa tarde, al volver a su casa, lo asesinaron. En lo que va transcurrido del año, según noticias en los medios informativos, ya pasan de 45 los desterrados que han muerto tratando de recuperar sus predios. ¿Cuántos más como Hernán Pérez deberán morir antes de que se solucione el problema de los desplazados?
La tenencia de la tierra por parte de sus antiguos propietarios, al igual que el combate de la violencia que origina el desalojo de quienes la usurparon a la fuerza, precisa de leyes aún inexistentes, pero varios de los que deben aprobar esas leyes tienen grandes intereses en latifundios. La feroz reacción de los violentos propietarios frente a las víctimas que se atreven a demandar la restitución, requiere la protección no sólo jurídica, sino también militar. Mientras los campos sean dominados por los señores de la guerra no habrá seguridad y la ley de tierras se quedará solamente en ley.
Valga un ejemplo: el periódico El Espectador, en su editorial del jueves 26 de agosto, titulado “Alerta en el Pacífico”, denuncia un hecho aberrante que atenta contra la posibilidad de trabajo y restitución de tierras a varios millares de afro-colombianos en el corregimiento de La Toma, departamento del Cauca. “En medio de la fiebre del oro, comunidades enteras dedicadas a la tradicional minería artesanal están a punto de perder su única actividad productiva, pues entre particulares y multinacionales con mejores abogados que los de las comunidades, arguyen derechos de explotación sobre sus minas. De hecho, dos terceras partes del territorio están ya en trámite para la explotación de oro y actualmente más de diez mil hectáreas de tierra ya han sido concedidas. Pese al turbio escenario, las agencias del Estado, con una complicidad casi sospechosa, han apartado la mirada”, advierte el periódico.
Si el gobierno de Juan Manuel Santos hace oídos sordos a denuncias como esta, empieza mal con sus promesas electorales de devolver propiedades a los campesinos y crear tres millones de empleos. La complejidad del problema de restitución de tierras es muy grande y toca muchos bolsillos. Tendrá que empezar por actualizar el catastro rural, gravar con impuestos onerosos los grandes latifundios y reglamentar el uso de los mismos. Existen en Colombia más de veinte millones de hectáreas aptas para usos agrícolas, y de ellas sólo cinco millones están dedicadas a cultivos; el resto es para pastoreo de ganadería. Las tierras más fértiles están en manos de unos pocos, una sola finca en Córdoba puede llegar a tener cerca de cuarenta mil hectáreas.
La lucha por la posesión se inició con el primero que cercó un terreno y dijo: “esta tierra es mía”. Ese fue el acto iniciador de la sociedad civil. ¿Será Juan Manuel Santos el Moisés colombiano?
Zoilo Guarín. Bucaramanga.
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