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En diversas oportunidades la Corte Constitucional colombiana se ha pronunciado sobre el derecho que tienen las comunidades indígenas a que su jurisdicción especial sea respetada, de manera que, una vez asumido un caso para su conocimiento, la decisión adoptada tiene la misma jerarquía de una sentencia ordinaria.
Esto no siempre se cumple en Colombia, en donde un número significativo de jueces percibe los sistemas normativos indígenas como una justicia de causas menores, un conjunto rudimentario de procedimientos notoriamente inferiores a la jurisdicción ordinaria. Una palpable evidencia de ello es el drama vivido por el indígena wiwa Roberto Coronado, quien ha sido juzgado por el mismo hecho tanto por la jurisdicción especial indígena como por la justicia ordinaria. Hoy, después de haber pagado cuatro años de encarcelamiento, su pena parece no tener fin.
Cuando aún era un adolescente en la Sierra Nevada, Roberto era dejado por sus padres al cuidado de una campesina que casi lo doblaba en edad. Al cumplir el joven los 18 años, la mujer de 34 años, que ya tenía una hija de una relación anterior, les notificó a los padres de Roberto que deseaba contraer matrimonio con su hijo adoptando la indumentaria indígena y comprometiéndose a respetar las costumbres del pueblo wiwa. La relación entre ambos se tornó difícil y la campesina, que se ausentaba con frecuencia del territorio indígena, terminó acusando a Roberto ante las autoridades tradicionales de tener relaciones sexuales con su hija de 13 años de edad.
Las autoridades del pueblo wiwa se rigen por la ley de Sé, que busca legislar con armonía al considerar que el mundo espiritual transforma el material. Ellas consideraron grave la falta. Desde el 2008 Roberto fue juzgado ante más de 400 personas reunidas en pública asamblea. La sentencia fue integral e incluyó escarnio público, castigos corporales y la obligación de construir una vivienda para su acusadora y para la joven afectada. Finalmente, se le ordenó someterse durante varios años a un largo período de reformación bajo la dirección espiritual de un mama o autoridad político-religiosa.
La mujer que lo acusó abandonó el territorio indígena satisfecha con la sentencia. Varios años después, llevada por los celos al enterarse de que Roberto iba a tomar como pareja a una joven indígena, lo denunció ante la Fiscalía de Riohacha. El joven wiwa fue detenido en abril de 2012. No se tuvo en cuenta la documentación presentada por las autoridades tradicionales para probar que su caso ya había sido juzgado, se desestimó la solicitud de la Defensoría del Pueblo de un informe pericial antropológico y no se le concedió un lugar especial de reclusión.
En enero de 2016, Roberto fue puesto en libertad por vencimiento de términos. Al intentar retornar a su comunidad, sus propias autoridades determinaron que, por provenir de la cárcel, un lugar oscuro, lleno de dolor y crueldad, debía pasar por un proceso de descontaminación que durará cuatro años más. Roberto Coronado continúa sometido a la incertidumbre y paga un prolongado castigo por el desconocimiento y la subvaloración de la jurisdicción especial indígena por parte de la justicia ordinaria.
wilderguerra@gmail.com
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