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No está bien tratar de miserables a los que demandan la ley de pensiones como hizo Gustavo Bolívar refiriéndose a la senadora Paloma Valencia (¿si la Corte la tumba, serían sus magistrados unos miserables?), ni pedir a la ciudadanía que salga a manifestarse en las calles a favor de la reforma para tratar de evitar que pueda ser declarada inexequible.
El principio de legalidad, que es uno de los pilares del Estado de Derecho, establece que el ejercicio del poder debe hacerse de acuerdo con las normas. Tratándose de la expedición de nuevas leyes, significa que su validez no depende de las buenas intenciones que acompañen a quien las plantea, ni de la magnitud del consenso que exista en la comunidad sobre su necesidad. Su legitimidad se deriva, formalmente, de que se las tramite conforme al procedimiento fijado para el efecto y, sustancialmente, de que no contraríen los principios fundamentales de la Constitución Política.
Una de las razones por las que la nueva ley de pensiones está cuestionada tiene que ver con el hecho de que fue aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes sin someter a discusión decenas de proposiciones presentadas por sus integrantes. Aun cuando a primera vista puede parecer un simple formalismo, su razón de ser radica no solo en la naturaleza del Congreso como el órgano encargado de deliberar sobre los proyectos de ley, sino en el respeto a la libertad de opinión que es especialmente importante en ese escenario para precaver que el ejecutivo imponga de manera arbitraria sus deseos. Son esos espacios de debate los que permiten mantener la separación entre los poderes ejecutivo y legislativo.
La legitimidad de una norma no depende de la bondad de los propósitos con los que se la impulse; siempre es factible que no se hayan tenido en consideración todos sus posibles efectos y que algunos de ellos resulten siendo perjudiciales en el ámbito en el que la norma se propone, o en otros vinculados a ella. Es precisamente para impedir que eso ocurra que existe la necesidad de garantizar los debates en el Congreso. Si la voluntad del ejecutivo se pudiera imponer por la fuerza o pretermitiendo los filtros o controles normativamente fijados para garantizar la autonomía de las ramas del poder público, entonces estaríamos ante una manifestación de totalitarismo.
El pueblo tiene derecho a exigir reformas y a pronunciarse a favor o en contra de ellas. Pero si se llegara a declarar inexequible la pensional, las protestas no deberían dirigirse en contra de la Corte Constitucional, que solo habría cumplido con su deber, sino contra quienes se equivocaron al tramitarla defraudando así las expectativas que en ellos tenía puesta la ciudadanía. La reciente postura del presidente Petro al solicitar una audiencia para debatir el tema me parece válida, siempre y cuando se limite a exponer en desarrollo de ella los argumentos que tiene para defender la nueva normatividad; lo que sería inadmisible es que se aprovechara la ocasión para convocar manifestaciones que —como ya ocurrió en pasada oportunidad— busquen intimidar a los magistrados con la finalidad de forzar el sentido de su decisión.
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