Criminalización de los conductores ebrios

Como viene ocurriendo cada vez con más frecuencia, se recurre a la solución más simple de todas: la criminalización de ese tipo de conductas. Detrás de esa apresurada propuesta no está tanto la convicción ponderada de que la misma será capaz de reducir significativamente esta clase de comportamientos, como la necesidad de mostrar ante la opinión pública una reacción pronta que genere la sensación de que la situación quedará bajo control. Si la medida no arroja los resultados esperados (como es previsible), no sólo quedará intacta la problemática, sino que además se habrá enviado un mensaje negativo a la comunidad sobre la eficiencia del derecho penal y la administración de justicia, cuyas imágenes resultarán seriamente afectadas como consecuencia de una errada política legislativa.

Bastaría con revisar las crónicas que recientemente ha difundido la prensa sobre el estado de nuestras cárceles para entender que es inviable que la actual estructura penitenciaria sea capaz de recibir los cerca de 8.000 reclusos adicionales que cada mes produciría la nueva norma (es el cupo real que hoy tiene la Modelo en Bogotá); el escollo es aún mayor porque esta clase de prisioneros debería tener lugares especiales de reclusión, por la naturaleza de sus delitos. Ya alguien ha salido a decir que se construirán más prisiones para solucionar estos problemas y facilitar la aplicación de las normas; si esta iniciativa se hiciera realidad, quedaría claro que se ha dado comienzo a la priorización del sistema penal colombiano, pues los conductores borrachos dispondrían de cupos penitenciarios con los que no cuentan otro tipo de infractores en nuestro país.

Si además se tiene en cuenta que a la cárcel sólo pueden ir personas condenadas por un juez, quien a su vez decide conforme a la solicitud que en ese sentido haga un fiscal en desarrollo de las audiencias propias de todo proceso penal, no resulta difícil entender que la creación del delito de conducción en estado de ebriedad requiere destinar fiscales, jueces y personal subalterno a la atención de cerca de 2.000 nuevos procesos semanales, lo que a su vez hace indispensable ampliar las instalaciones físicas en las que esas audiencias deben llevarse a cabo. No hay que ser un gran conocedor de la actual situación del sistema penal colombiano para percatarse de que no está en condiciones de soportar esa carga. Por supuesto que es factible construir complejos judiciales y ampliar la planta de personal tanto de fiscales como de jueces, así como se promete construirles cárceles a los conductores borrachos; pero sería una curiosa forma de ordenar prioritariamente nuestro sistema penal.

Por eso reconforta saber que la Fiscalía se opone a esa solución facilista; porque tiene grandes probabilidades de llevar a un colapso judicial y penitenciario, porque da al traste con su política de priorización y, sobre todo, porque el derecho penal no es la panacea para resolver todos los problemas sociales.