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Durante el debate sobre el glifosato, dijo el fiscal que la coca es a Colombia lo que las siete plagas a Egipto; salvo porque fueron diez, tiene razón: en ambos casos estamos frente a una fábula, ingeniosamente construida a partir de algunos hechos reales para plantear un supuesto dilema que luego se resuelve a través de una seductora moraleja. Es verdad que las drogas son potencialmente dañinas; pero ni es cierto que la represión es la única y más eficiente forma de solucionar el problema, ni es verdad que la aspersión con glifosato es la mejor manera de hacerlo.
Aunque el enfoque represivo debería haber reducido el número de consumidores de drogas en el mundo, estos han sobrepasado ya los 300 millones; en países como Estados Unidos, las estadísticas sobre personas encarceladas por delitos relacionados con drogas muestran que se pasó de 40.900 en 1980 a 488.900 en 2014, a una tasa cercana al millón y medio de capturados por año; algo así como un detenido cada 25 segundos solo en ese, el país líder de la estrategia. Mientras en libertad los consumidores son el 5,3 % de la población, en las prisiones esa cifra alcanza el 20 %; y debido a la clandestinidad con que lo hacen, de los 12 millones de usuarios de drogas inyectables, ocho millones han contraído el VIH o la hepatitis C.
En su intervención ante la Corte, el presidente Duque dijo que se ha tratado de sembrar la idea de que son las condiciones famélicas y la ausencia de otras oportunidades lo que lleva al cultivo de coca, y afirmó que eso no es cierto. Lo que el presidente califica de mentiroso puede verse en estudios hechos por Naciones Unidas, en los que se muestra que el 59 % de los cultivadores de coca recurren a esa actividad porque carece de otras opciones, y el 71 % porque es lo más rentable para ellos. Si bien este último aspecto podría dar a entender que ese es un gran negocio para los campesinos, no es así; el promedio de parcelas dedicadas a la coca en Colombia es un poco inferior a una hectárea, el ingreso mensual promedio de un cultivador equivale apenas al 56 % de un salario mínimo legal, y el 57 % de las familias que viven en zonas cocaleras están en situación de pobreza monetaria.
Afirmó el presidente que la aspersión con glifosato es la herramienta más efectiva en la lucha contra las drogas y citó como ejemplo que en 2012 habíamos conseguido tener tan solo alrededor de 60.000 hectáreas de coca; pero no mencionó que, en 1994, cuando el programa de aspersión comenzó, había solo 44.700 hectáreas, ni que cuando se suspendió, a finales de 2015, había cerca de 90.000, después de haber fumigado en 21 años casi 1’900.000 hectáreas. Tampoco dijo que, según Naciones Unidas, el porcentaje de resiembra de los cultivos erradicados de manera forzada es del 35 %, mientras en las zonas donde se hace sustitución de cultivos ilícitos alcanza apenas el 0,6 %.
La defensa de la aspersión con glifosato es insostenible, incluso en el nivel de discusión planteado por el fiscal; porque aun aceptando que la longaniza es perjudicial para la salud, como él afirma, la pregunta decisiva sería si el Estado podría, ética y legalmente, expedir una norma que nos obligara a consumirla.
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