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En la frase final de una breve pero impactante intervención pronunciada después de la batalla de Gettysburg, Abraham Lincoln definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No solo la guerra de Secesión que entonces se libraba tenía como uno de sus ejes la lucha por la libertad y la igualdad en un país en el que muchos de sus estados abogaban por el mantenimiento de la esclavitud, sino que el discurso de Lincoln giraba alrededor de esos conceptos que habían guiado a los padres fundadores de su nación.
La igualdad y la libertad son elementos esenciales de esa forma de gobierno, en las diversas facetas que las componen; una de ellas se concreta en el derecho que tenemos a opinar, en las mismas condiciones que todos, sobre la forma como se debería orientar la economía nacional, la estructura que debe tener el régimen laboral o la manera en que debe estar regulado el sistema de salud, para mencionar solo unos pocos ejemplos. Debemos ser libres para manifestar nuestras ideas, como los demás, sobre cuáles son las personas que deberían orientar el destino de la nación y, con mayor razón, para señalar los aciertos y desaciertos en las gestiones que se les han conferido por mandato popular, por selección o por designación.
Puesto que el Congreso y el presidente de la República son elegidos por votación ciudadana, encarnan la voluntad popular y, por consiguiente, tanto las leyes que los parlamentarios elaboran como la escogencia que de sus ministros y del conjunto de sus colaboradores hace el jefe del Ejecutivo se realizan en representación del pueblo que los ungió. Incluso la elección que de algunos magistrados o del fiscal general hacen las cortes es emanación del poder recibido de los ciudadanos que intervinieron en la génesis de la Constitución Política que hoy nos rige y que dio lugar al nacimiento de esas instituciones.
La democracia está edificada sobre la diversidad de opiniones que, si bien lleva al triunfo de las mayorías, no desconoce los derechos de las minorías; los resultados electorales no acaban las discusiones sobre la forma como el país debe ser conducido, solo ponen temporalmente en manos de un sector la facultad de decidirlo. Pero es indispensable que mantengamos la capacidad de escucharnos y de sostener debates sobre los temas que nos incumben a todos, respetando las creencias ajenas y a quienes las defienden; aun cuando es legítimo censurar al funcionario que contraría sus deberes o hace mal uso de sus derechos, es especialmente importante no cuestionar la legitimidad de las instituciones, porque ellas son la columna vertebral de un Estado democrático.
Cada vez es más frecuente que personas con papeles preponderantes en la vida nacional acompañen sus intervenciones con calificativos despectivos hacia quienes no comparten su visión del Estado o del gobierno, y con ese ejemplo inducen a los ciudadanos a hacer lo mismo. Eso no solo genera intolerancia (así comenzó la llamada época de la Violencia), sino que socava uno de los pilares de la democracia: el derecho a opinar sin ser objeto de agresiones físicas o verbales por parte de quienes no comparten nuestras ideas.
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