El decoro y la dignidad de nuestros jueces

Tampoco son ellos los que escogen las edificaciones en las que deben realizar sus actividades ni se ocupan de su mantenimiento, pero todos los días laboran en ellas, aun cuando algunas amenazan ruina y en otras escasean los servicios sanitarios. Ninguno de ellos tiene la posibilidad de recibir sólo la cantidad de trabajo que razonablemente puede evacuar, pero todos se esfuerzan por mantener activas indagaciones que en sus despachos suelen superan el millar.

No fueron ellos los que decidieron criminalizar la lucha contra las drogas, pero muchos han dado su vida por defenderla con la misma entereza con que ahora acatan las leyes que descriminalizaron la dosis personal; no decidieron cuándo incorporar a nuestra normatividad la extradición, pero decenas de ellos murieron por dar estricta aplicación a ese mecanismo, en una época en que la sociedad lo exigía como la forma más eficiente de combatir la criminalidad organizada; cuando los magistrados de la Corte Suprema fueron amenazados de muerte por no ceder en su utilización, no se les brindó la protección adecuada y el día en que sus instalaciones fueron tomadas por un grupo armado al margen de la ley, el Ejecutivo se negó a dialogar y toleró la violenta recuperación del edificio a costa de muchos servidores judiciales que ofrendaron su vida por hacer respetar las normas; tampoco fue suya la determinación de prohibir constitucionalmente la extradición, pero cumplieron las leyes que así lo dispusieron hasta que, desde otras ramas del poder público, se optó por reimplantarla.

No fue de ellos la decisión de adelantar un proceso de paz con el M-19 ni de indultar a sus integrantes, pero la acataron sobreponiéndose al duro golpe que para ellos representó el trágico asalto al Palacio de Justicia. Las negociaciones con los grupos paramilitares tampoco fueron iniciativa suya, pero han acatado y procurado hacer cumplir las disposiciones que a partir de esa idea se han expedido, incluso aquellas que les impusieron el deber de adelantar investigaciones contra miles de desmovilizados, pese a no contar con la infraestructura necesaria para hacerlo.

No pretendo desconocer que algunos funcionarios judiciales se comportan de manera indecorosa, al igual que ocurre en todas las instituciones y profesiones; pero con independencia de casos aislados en los que eso ocurre, nuestros fiscales y jueces se han caracterizado por hacer respetar unas leyes en cuya confección tienen mínima participación, sin preocuparse por la escasez de personal, por las deficiencias logísticas o por las incomodidades de algunas de sus sedes. Pese a ese evidente esfuerzo por mantener en pie la estructura legal de nuestro sistema democrático, algún negociador de las Farc considera que nuestros jueces no tienen ni el decoro ni la dignidad para examinar sus conductas. No sé qué duele más: si la injusticia que esa frase envuelve, o el escaso rechazo que la misma ha producido.