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Hace cerca de un año se dijo que el alcalde Peñalosa no tenía el título de doctor con el que aparece relacionado no solo en varias publicaciones, sino en algunos documentos que hacen referencia a aspectos biográficos suyos. Como los argumentos de quienes hicieron la revelación eran tan contundentes, y de parte del afectado no se hizo ningún esfuerzo por desvirtuar la inexistencia del título, imaginé que la polémica terminaría pronto; pero no ha sido así.
Me sorprende porque aquí, por fuera de la comunidad científica, pocos entienden la naturaleza, los propósitos y la relevancia de un doctorado; en realidad se trata de un título académico que acredita a una persona como particularmente apta para realizar trabajos de investigación y, en puridad de términos, marca el ingreso formal de quien lo recibe al mundo de la ciencia. Por eso lo usual debería ser que solo emprendieran el camino del doctorado aquellos que quieran dedicarse a la vida universitaria, para desde allí profundizar en su área de conocimiento, hacer publicaciones sobre temas de su especialidad y ayudar en la formación de los jóvenes.
Pero en Colombia el calificativo (no el título) de doctor es más un símbolo de estatus que otra cosa; se lo suele usar para referirse a todo aquel que ha cursado estudios universitarios de pregrado y muchas veces a quienes sin haberlo hecho ocupan un lugar destacado en el mundo de la política o de los negocios. A diferencia de lo que ocurre en otros países, los apelativos de “señor” o “señora” no se consideran suficientemente representativos desde el punto de vista social; más bien son apreciados como una especie de capitis diminutio; por eso es frecuente que los subalternos se dirijan a sus jefes como doctores y que los propios medios de comunicación traten de esa manera a todo aquel que tiene una posición relevante en la vida social o política, sin preocuparse por averiguar previamente sobre su formación académica.
Por eso me resulta curioso el interés que ha despertado el proceso que se sigue contra el alcalde por haber utilizado públicamente títulos académicos que no tiene; incluso fue noticia que recientemente, antes de una intervención suya, advirtiera al auditorio que no era doctor, como acababa de ser anunciado por el encargado de presentarlo. ¿Cuántos de quienes lo señalan hoy en día por esa conducta, y probablemente alguno o algunos de quienes lo investigan por ella, son llamados públicamente doctores sin serlo, y cuántos de ellos han aclarado ante los periodistas o ante la opinión pública en general que en realidad no lo son?
Desde luego que cuando alguien usa una información falsa para demostrar que cumple con un requisito legal del que carece, con el propósito de acceder a algún cargo o beneficio, desarrolla una conducta contraria a la ley. Pero, en un país en el que ese apelativo se emplea más como una forma respetuosa de dirigirse a una persona de posición distinguida que como una manera de valorar su particular formación académica, la discusión coyuntural que hoy se adelanta sobre si es o no legítimo que Peñalosa haya invocado títulos que no posee parece tener una connotación más política que jurídica.