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EL PAPEL DE LA CORTE SUPREMA de Justicia en la revelación de los nexos entre algunos políticos y los grupos paramilitares ha sido de gran importancia. Se ha ocupado de manera directa de su investigación y juzgamiento y ha remitido a la Fiscalía evidencias que han permitido el inicio de procesos contra personas sin fuero.
De manera simultánea ha continuado analizando las solicitudes de extradición que le son remitidas para su concepto, avanza en las pesquisas que por otros delitos sigue respecto de altos funcionarios, realiza juicios en los casos en que la Fiscalía formula acusaciones contra personas aforadas, resuelve las tutelas que por competencia le son asignadas, dirime conflictos de competencia entre diversas jurisdicciones, decide impedimentos y recusaciones que tienen que ver con el Fiscal General de la Nación, estudia y falla demandas de casación, analiza y decide acciones de revisión y participa en la elección de algunos cargos, bien sea enviando ternas para la elección de magistrados de la Corte Constitucional, o eligiendo directamente a sus propios magistrados, su presidente y su vicepresidente o, finalmente, tomando parte en la selección de quien debe ser el Fiscal General de la Nación.
En un momento en el que se ha creado una comisión para estudiar la posibilidad de una reforma a la administración de justicia, uno de los temas que merece ser analizado con detenimiento es precisamente el que tiene que ver con el perfil de la Corte Suprema, para determinar si tiene sentido que ese organismo desarrolle la gran cantidad de tareas que hoy le competen.
Originalmente la Corte Suprema no fue concebida como un juez más, cuya diferencia con los demás fuera su alto rango. Esta institución no nació para investigar y juzgar personas acusadas de la comisión de delitos. Su labor debía ser la de revisar y controlar la legalidad de los procesos adelantados por los jueces y magistrados de los Tribunales Superiores; dicho de manera muy resumida, nació para hacer juicios a los juicios, no para ser una instancia más. En ese papel que primigeniamente se le confirió, la Corte se fue consolidando como el organismo encargado de trazar a nivel nacional las directrices sobre cómo debían interpretarse las normas que regulan el trámite de un proceso y las que definen las conductas delictivas.
Las funciones adicionales que hoy cumple la han llevado a la necesidad de contar cada vez con más auxiliares que le ayuden para evitar atrasos, y a que el tiempo que se dedicaba a las discusiones colectivas sobre temas de fondo deba ser recortado para atender el correcto ejercicio de otros deberes.
Soy partidario de que la Corte circunscriba sus actividades a las propias de la casación, la revisión, la tutela y los conceptos previos en materia de extradición. Creo que debería ser relevada de sus labores como investigador, juzgador y partícipe en procesos de designación de altos funcionarios, salvo en lo atinente a la selección de sus propios dignatarios. Y, para evitar suspicacias, debería tratarse de una reforma que entre en vigor una vez hayan finalizado en la Corte las investigaciones que hoy se adelantan por parapolítica.