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La semana pasada se hizo pública una encuesta que mostró un alto nivel de desconfianza hacia la administración de justicia; aunque sondeos como ese se han hecho en varias oportunidades con similares conclusiones, esta vez coincide con un aumento de sucesos en los que los particulares deciden hacer justicia por su propia mano, como ocurrió en el municipio de Landázuri, donde una turba linchó a quienes identificó como los asesinos de una familia.
No hay ninguna duda en cuanto al carácter ilícito de ese tipo de reacciones por parte de las víctimas o de la comunidad; salvo las hipótesis en las que su conducta pueda encajar dentro de los requisitos propios de una legítima defensa, quien lesiona o da muerte a un delincuente se convierte él mismo en criminal. ¿Por qué entonces hay quienes reaccionan de esa manera? Una forma de explicar esas reprobables formas de reacción (no de justificarlas) puede ser la presencia de una doble convicción: la de que, si el malhechor no recibe su castigo en ese momento, probablemente consiga evadir la acción de la justicia, y la de que quizás ellos mismos logren evitar ser condenados por su retaliación. En cualquier caso, lo que queda claro es el alto nivel de escepticismo frente al aparato jurisdiccional.
Otra afirmación recurrente es la de que una gran mayoría de la población confía en la tutela, prueba de lo cual es la enorme cantidad de veces que se recurre a ella: 7 millones de tutelas en sus primeros 30 años de existencia. ¿Cómo entender que tenga tanta credibilidad esta acción si ella es parte de todo el engranaje de esa administración de justicia que genera tanta desconfianza? En mi opinión ello se debe a que la tutela es percibida como una herramienta muy cercana a los ciudadanos, porque su ejercicio es sencillo, los tiempos de respuesta son breves, se ocupa de grandes y pequeñas afectaciones a derechos fundamentales y sus decisiones son generalmente previsibles gracias a las líneas jurisprudenciales que se han venido consolidando.
La buena percepción que se tiene sobre la tutela y los resultados positivos que suelen arrojar las jornadas masivas de conciliación que organiza el Ministerio de Justicia (cerca de la mitad de los problemas que allí se llevan se resuelven favorablemente) ponen en evidencia que no se desconfía de la justicia en general, sino de algunas de sus manifestaciones. Por eso vale la pena seguir explorando formas alternativas de solución de conflictos que el ciudadano perciba como cercanas a él en el sentido de que no impliquen una interacción compleja, que sean rápidas, que no desdeñen las disputas de baja intensidad y cuyas decisiones generen confianza.
Se suele decir que la descongestión del sistema judicial requiere crear más jueces, lo cual no es necesariamente cierto dado que todo depende de lo eficientes que sean sus despachos. Debería pensarse más en cómo disminuir el número de casos que llegan al aparato judicial, a través del empleo de mecanismos alternos que permitan dirimir una parte importante de las disputas que afectan la convivencia; eso puede ser mucho más eficaz para aligerar la carga de los funcionarios judiciales.
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