La seguridad de los administradores de justicia

No tengo ninguna duda en cuanto a la necesidad de que el Estado ponga empeño en combatir las bandas criminales, los secuestros, los delitos contra los menores de edad, los desmanes de los conductores borrachos o de quienes disparan al aire. Pero todo lo que legislativamente se haga para enfrentar esos problemas carecerá de sentido si antes no se garantiza el funcionamiento de la judicatura; y uno de los principales inconvenientes que ésta enfrenta, tiene que ver con las amenazas o atentados de que son víctimas magistrados, jueces, fiscales y funcionarios de policía judicial, quienes sometidos a estas presiones no tienen ni la tranquilidad ni la libertad necesarias para cumplir con su quehacer. Si la administración de justicia encuentra estas trabas, todos los esfuerzos que se hagan para combatir otras manifestaciones delictivas difícilmente serán exitosos.

Por eso resulta absolutamente indispensable brindar a todos quienes forman parte del engranaje de la administración de justicia, garantías suficientes para que puedan cumplir con sus deberes sin el permanente agobio de ver en peligro su integridad personal y la de sus seres queridos. Una parte de esa tarea debe ser eminentemente preventiva, centrada en la identificación de los funcionarios que estén en riesgo o puedan llegar a estarlo como consecuencia de su cargo, bien sea para brindarles protección a través de esquemas de seguridad adecuados, o bien para que las investigaciones de donde emerjan tales intimidaciones sean reasignadas a personas que estén menos expuestas a esas contingencias.

Otro aspecto en el que debería hacerse énfasis es el del castigo ejemplar a quienes intimiden o atenten contra magistrados, jueces, fiscales, funcionarios de policía judicial, testigos o sus familiares. En una época en la que proliferan reformas de poca monta a la legislación penal, valdría la pena ajustar algunas de sus normas para sancionar puntual y estrictamente a quien realice esta clase de conductas.

Pero se debe ir aún más lejos, porque lo que realmente tiene capacidad de intimidación no es la amenaza de penas abultadas, sino la certeza sobre su imposición. El Estado debe designar grupos especiales de investigadores, fiscales y jueces dedicados de manera exclusiva o prioritaria a la persecución de estos crímenes, en forma tal que ellos puedan ser esclarecidos en el menor tiempo posible, garantizando que sus autores serán aprehendidos y sancionados con severidad. La adecuada protección de quienes tienen el encargo de impartir justicia, aunada a una rápida y contundente reacción institucional frente a los que atenten contra ellos, no sólo les permitirá ejercer sus labores de manera más eficiente, sino que además podría persuadir a más personas de la importancia de colaborar con las autoridades.