Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Hace dos semanas varios medios de comunicación informaron que el Gobierno nacional le había “retirado” las condecoraciones al general Jesús Armando Arias Cabrales, lo cual generó alguna polémica.
Lo primero que se debe precisar es que al general Arias no se le retiró ninguna de sus distinciones, ni siquiera la que recibió por su actuación en la recuperación del edificio donde funcionaban la Corte Suprema y el Consejo de Estado en noviembre de 1985, por medio de conductas que fueron calificadas como delictivas por la justicia penal ordinaria y que también dieron lugar a condenas contra el Estado por exceso en el empleo de la fuerza (en estos últimos procesos yo fui uno de los demandantes en 1987). Lo que se dispuso fue “la pérdida del derecho al uso” de esas medallas; en términos prácticos, eso significa que las conserva física y jurídicamente, pero no las puede portar más allá de su entorno privado.
Aun cuando parezca una sutileza, no lo es. La Asociación de Oficiales Retirados criticó la medida invocando el artículo 220 de la Constitución conforme al cual los integrantes de la Fuerza Pública solo pueden ser privados de sus honores en los casos y del modo señalados en la ley, y advirtiendo —con razón— que en Colombia no existe una ley que reglamente el retiro de esas condecoraciones. Tales consideraciones los llevaron a concluir que despojar a Arias Cabrales de algunas de sus distinciones era una medida carente de soporte legal. En esa misma línea, la senadora María Fernanda Cabal dijo que “el retiro” de esos símbolos era un acto de venganza del Gobierno, a lo que el presidente Petro respondió que ese “retiro” estaba amparado en un decreto vigente (el 1070 de 2015).
Dicho sea de paso, esa es una norma de naturaleza recopilatoria que incluye un decreto que en el 2010 consagraba “la pérdida del derecho al uso” de las condecoraciones cuando el miembro de la Fuerza Pública haya sido condenado por la justicia penal, facultad que ya había sido incluida en otros decretos durante gobiernos como los de Álvaro Uribe, Virgilio Barco y Misael Pastrana Borrero (anterior a la toma del Palacio de Justicia), sin que haya sido cuestionada en todo ese tiempo como supuesto instrumento de retaliación por parte de alguno de esos mandatarios. Pese al rumbo que tomó la polémica, lo cierto es que lo que el decreto dispone es “la pérdida del derecho al uso” de algunas de las condecoraciones de Arias Cabrales, lo cual no viola la Constitución porque no se está ordenando privar al oficial de los honores que ya le fueron concedidos, sino tan solo se le prohíbe hacer ostentación pública de ellos.
Desafortunadamente, cuando en el artículo 2° del decreto cuestionado se circunscribe la decisión a cuatro medallas, se dice que lo que se “deroga” es la “concesión” de su otorgamiento, lo cual es una impropiedad por dos razones: porque no hay una ley que permita “derogar” la concesión de esas distinciones y porque el artículo 1º del mismo decreto no lo hace, sino que se limita a prohibir su uso. Una mayor precisión en la utilización del lenguaje jurídico por parte del Gobierno habría contribuido a evitar la controversia que generó esa medida.
Conoce más