Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Ocasionalmente, en especial cuando se trata de procesos seguidos contra personas acusadas de delitos que despiertan la indignación pública, se tiende a cuestionar la labor de sus abogados. A muchos de quienes hemos litigado en penal, alguna vez se nos ha preguntado si defenderíamos a alguien a sabiendas de que cometió la infracción por la que se lo juzga.
Una primera parte de la respuesta tiene que ver con el derecho de defensa reconocido en la Constitución respecto de todo aquel que sea señalado como autor de un hecho punible, incluidos quienes efectivamente lo hayan perpetrado; esto es tan evidente, que si un criminal confeso se abstuviera de designar un jurista que le representara durante el juicio, o si ante lo repudiable de su acción todos los profesionales del derecho se negaran a hacerlo, el Estado le designaría a uno que lo hiciera, aun cuando ni él ni su ocasional cliente lo desearan. No hay nada de malo en que un letrado asesore a quien sabe que es responsable, porque existe la obligación constitucional de que todos los procesados —incluidos los malhechores— tengan un consultor legal; bien sea porque él lo seleccione y lo pague, o porque el Estado se lo escoja y asuma sus honorarios como defensor público o le imponga el deber de hacerlo gratuita y oficiosamente.
Un segundo argumento en favor de quienes así actúan es la necesidad de garantizar que esa persona sea procesada y condenada con estricta sujeción a las normas. La prohibición de condenar por conductas que no son punibles y a penas que no correspondan a aquellas vale tanto para los ciudadanos honestos, como para los que no lo son; es la esencia del principio de legalidad. No son pocos los casos en que las fiscalías inflan las imputaciones procurando conseguir un acuerdo con el procesado, ni escasas las veces en que los jueces tienen dificultades para seleccionar la ley aplicable al caso, en especial cuando un tema es regulado por una pluralidad de leyes que resultan incompatibles entre sí por falta de atención del legislativo, o como consecuencia de declaraciones de inconstitucionalidad. La correcta utilización de figuras procesales como los preacuerdos o el principio de oportunidad también requiere de una asesoría legal a la que los delincuentes tienen derecho, porque fueron diseñadas para ellos.
Estigmatizar a los abogados por sus clientes no está bien, porque, mientras lo hagan respetando las normas que regulan el ejercicio de su profesión y no incurran ellos mismos en delitos, no hacen nada distinto de cumplir con su deber. En la época más dura de la lucha contra el narcotráfico pasó mucho con quienes abiertamente defendieron capos de los grandes carteles (mientras otros fungían como sus consejeros en la sombra), entre los cuales sobresalió Juan Fernández. Pese a ser uno de los penalistas más brillantes del país, un teórico disidente en una época en que pocos se atrevían a serlo en Colombia, y aun cuando nunca ejerció la profesión de manera ilícita, fue marginado de casi toda actividad académica hasta su lamentable fallecimiento la semana pasada, por el solo hecho de haber representado legalmente a unos reconocidos traficantes de drogas.
Conoce más