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El presidente Petro volvió a usar la bandera del M-19, en una reciente vista al exmandatario Pepe Mujica, como una forma de reivindicar las operaciones armadas de esa antigua guerrilla. Pese a su origen político, no debe olvidarse que fue una organización delictiva que no solo buscaba alterar la estructura del Estado (de ahí su condición de rebeldes), sino que además cometió múltiples delitos ordinarios; algunos que resultaban simpáticos ante la opinión pública como el hurto de productos alimenticios para repartir en barrios populares, otros repudiables como el secuestro y asesinato de José Raquel Mercado y algunos más que alcanzaron la categoría de crímenes de guerra como la toma de rehenes durante el asalto al Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
Algunas víctimas de esas conductas, y el pueblo en general, se inclinaron por perdonar a sus autores tanto en lo judicial como en lo personal; esa actitud benevolente no solo condujo a la promulgación de una ley de indulto, sino a que desde entonces varios antiguos miembros de ese movimiento subversivo fueran elegidos popularmente como integrantes de una Asamblea Nacional Constituyente, congresistas, gobernadores, alcaldes y presidente de la República. Todo eso, así como la designación de varios de ellos en altos cargos del Estado, pudo hacerse realidad porque renunciaron a una prolongada lucha armada de la que nada bueno surgió, porque debieron de entender que por la vía del diálogo y la negociación era posible avanzar en el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y políticas del país, y porque quizás fueron conscientes del enorme daño que le causaron a cientos de víctimas con sus actividades ilícitas.
Solo quien está convencido de que el uso de la fuerza no es el camino adecuado para producir esas transformaciones puede plantear seriamente una propuesta de paz como la que desde el comienzo de su gobierno ha sugerido el presidente Petro. Para conseguirla debe convencer a los alzados en armas de la inutilidad de sus métodos, de la necesidad de reintegrarse a la vida en comunidad no solo entregando los fusiles, sino a través de manifestaciones públicas en las que ofrezcan verdad sobre los crímenes perpetrados, muestren su arrepentimiento y se comprometan a someterse a la justicia y a no volver a incurrir en esa clase de comportamientos.
Pero cada vez que recurre a símbolos como la bandera del M-19 para exaltar o justificar sus acciones armadas, envía un mensaje contradictorio a los grupos delictivos organizados que hoy asuelan el territorio nacional. En vez de exaltar el pasado criminal de la guerrilla a la que perteneció, debería concentrarse en destacar que, gracias a un acuerdo de paz, se reincorporaron a una sociedad y a un escenario democrático que, con todos sus defectos, durante las últimas décadas les ha permitido participar activamente en el diseño del rumbo del país. Sus esfuerzos retóricos deberían centrarse en exaltar el compromiso de paz que suscribió el M-19 con el Estado colombiano y a través de él con un pueblo que, ante todo, valoró positivamente su decisión de abandonar el inútil recurso a la violencia como forma de impulsar el cambio.
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