Políticos de derecha

También se caracterizan por su inclinación a confundir las cuestiones religiosas —que son propias del ámbito interno del individuo— con las políticas de Estado; un buen  ejemplo de ello lo representan en nuestro país los reiterados intentos para desconocer la sentencia de la Corte Constitucional que establece las hipótesis en las que la práctica del aborto es lícita.

Los políticos de derecha suelen justificar las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado por el solo hecho de que ellos representen la autoridad, con independencia de la forma en que desarrollen su labor. Al recordarse en días pasados la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, el candidato Andrés Felipe Arias afirmó que haría todo lo posible para que los militares que tomaron parte en la operación de retoma no fueran a prisión; su argumento es de una simpleza aterradora: ellos defendían la democracia. Le da exactamente lo mismo que algunos de ellos hubieran actuado sin ninguna consideración hacia los rehenes, porque desde su punto de vista la finalidad de “defender la democracia” justifica recurrir a cualquier medio para conseguirlo.

Esa es otra característica de los políticos de derecha; no suelen ser amigos de los lentos procedimientos judiciales, miran con recelo el respeto que los jueces brindan a los derechos de los procesados y les molesta el creciente protagonismo de las víctimas frente a delitos de los que se acusa a servidores públicos. Por eso, al candidato Arias lo tiene sin cuidado que la justicia haya condenado varias veces al Estado por el excesivo uso de la fuerza en la recuperación del Palacio de Justicia, y le inquieta que la Fiscalía haya encontrado pruebas de que algunos militares pudieron haber tomado parte en la desaparición de personas durante esos hechos.

Esa actitud no es nueva. En noviembre de 1985, cuando ante la negativa de Betancur a hablar con el presidente de la Corte intenté comunicarme con Noemí Sanín para transmitirle la preocupación de mi padre por las consecuencias que la intervención de la Fuerza Pública podía tener en la integridad de los rehenes, no me atendió con el argumento de que ese no era un problema personal sino un asunto de Estado. Como recurrí a los medios de comunicación para que el país supiera de esos temores del presidente de la Corte que Betancur y Sanín se negaron a escuchar, entonces tomó la determinación de censurar la labor de la prensa justo en el momento en el que Alfonso Reyes pedía el cese al fuego para intentar buscar una solución negociada.

La historia de que con esa decisión había evitado una toma guerrillera de Bogotá no pasa de ser una disculpa poco convincente para justificar una decisión que cumplió una finalidad concreta: calló la voz del presidente de la Corte que llamaba a la cordura, invocando la fuerza de la razón sobre la razón de la fuerza.