¿Usted no sabe quién soy yo?

No creo que cuando un policía registra a un ciudadano o le solicita exhibir sus documentos de identidad lo esté agrediendo, y eso con absoluta independencia de quién sea el objeto de esos requerimientos. No hay ninguna norma que exima a los funcionarios públicos del deber de colaborar con las autoridades de Policía, ni a éstas se les prohíbe requisar o solicitar identificación a determinados ciudadanos; si esa clase de prohibiciones existiera, jamás se hubiera descubierto un alijo de droga camuflado en el avión presidencial, como hace unos años ocurrió en Colombia.

¿Deben las autoridades de Policía contar con una lista de personas a quienes no se puede solicitar identificación ni requisar? ¿Qué tan amplia debe ser esa lista? ¿Debe comprender sólo presidentes de altas Cortes, o debe incluir también a congresistas, ministros, viceministros, gobernadores, magistrados de cortes, magistrados auxiliares, magistrados de tribunales? ¿Hasta dónde llega la lista de ciudadanos privilegiados, respecto de los cuales una requisa o una solicitud de identificación pasa de ser un acto legítimo de autoridad a convertirse en inaceptable agresión?

De esas prerrogativas se valió hace muchos años un grupo de prisioneros del entonces movimiento guerrillero M-19, quienes aprovecharon la celebración del Día del Recluso para conseguir uniformes que simulaban los de altos oficiales de las Fuerzas Armadas; vestidos con ellos lograron pasar caminando todos los controles de seguridad de La Picota sin ser requisados y sin que se les comprobara su identificación, para posteriormente abordar vehículos con colores y distintivos militares y abandonar el centro de reclusión sin ser importunados por el personal de seguridad.

Salvo que hubiera serias razones para considerar que quien solicita una requisa o exige una identificación no es agente de la autoridad, creo que todo ciudadano debe acceder a ellas no sólo como una forma de dar ejemplo a la comunidad y resaltar la vigencia del principio de igualdad que es uno de los símbolos más sobresalientes de un Estado de Derecho, sino como una muestra de respeto hacia las autoridades de Policía que con esos requerimientos no hacen nada distinto de cumplir con los deberes que su cargo les impone, precisamente en beneficio de la seguridad de todos los ciudadanos.

Recuerdo que una mañana de octubre de 1985, en medio de graves amenazas contra la Corte Suprema y la vida de sus magistrados, el presidente de la Corte llegó en su carro oficial al parqueadero del Palacio de Justicia, donde un agente de la Policía detuvo el vehículo y solicitó la identificación del ocupante; cuando el conductor increpó al agente diciéndole que si acaso no sabía que se estaba dirigiendo al presidente de la Corte, éste intervino para reprender a su chofer diciéndole que el policía estaba cumpliendo estrictamente con su deber y procedió a mostrar su identificación y a dejar revisar el automóvil antes de ingresar al edificio.