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El pasado 29 de abril la defensora del Espacio Público de Bogotá, Nadime Yaver Licht reiteró en entrevista con La W Radio que el respeto y la defensa del espacio público es una política prioritaria del alcalde Enrique Peñalosa y que la administración hará lo que sea necesario para lograr ese objetivo.
Esto a propósito de la exitosa recuperación de un predio público en la calle 72, área de Rosales, que estaba en manos de un particular. (Oír Entrevista de Nadime Yaver Licht)
Implacable. Pero parece que, como siempre, toda regla tiene su excepción, como lo muestra la historia de un espacio público en otra zona de la ciudad.
Todo comenzó el 11 de junio de 1992 cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó por improcedente la acción de tutela instaurada por la urbanización Calatrava para permitir el cerramiento con una portería de la vía que conecta la 128B con la Avenida Boyacá.
El condominio ubicado en el norte de la ciudad se oponía a la conexión de esas avenidas con el fin de mantener la privacidad del conjunto y con ese propósito llevaron su caso hasta la Corte Constitucional. Insistentes.
Según los residentes del barrio quitar la portería de esa calle y dejar ese paso libre, abriría el conjunto al tráfico, al ruido y sobre todo a la inseguridad.
El 7 de octubre de 1992 la Corte Constitucional ratificó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negando la petición y dejó jurisprudencia clara sobre el tema. El tribunal advirtió que ningún ciudadano o grupo de ciudadanos está en posibilidad de determinar el cierre de vías públicas o de impedir el tránsito de vehículos o la locomoción peatonal a través de estas. (Ver Sentencia No. T-551/92)
Es decir, la portería y cerramientos de Calatrava son ilegales.
Pese a eso hasta ahora no se ha retomado el control de ese espacio público manejado por particulares y una visita reciente de las autoridades constata que no solo las vías de acceso público están cerradas ilegalmente, sino que también los parques públicos se encuentra cercados con paredes de ladrillo y cemento. (Ver Cerramientos Conjunto Residencial Calatrava)
Es importante aclarar que estas zonas dependen de la Alcaldía de Suba, y aunque esta localidad emitió la resolución 367 el 31 de agosto de 1998 que ordenó al conjunto Calatrava la restitución definitiva de los 20.447,41 metros cuadrados de espacio público y el retiro del cerramiento de las vías vehiculares y peatonales, esto no ha ocurrido. (Ver Resolución No 367-98)
Después de muchos ires y venires no se ha logrado la recuperación del espacio público porque, según habitantes de la zona, hay influyentes personajes en Calatrava que hacen que los operativos para reabrir las vías y parques cerrados ilegalmente por el conjunto no lleguen a ningún resultado.
Una de esas personas salta a la vista ya que es familiar del responsable de estar defendiendo ese espacio público.
El 7 de mayo de 1999 se constituyó por medio de una escritura pública el Conjunto Residencial Calatrava Unidad Inmobiliaria Cerrada U.I.C., una entidad privada, para administrar y dar manejo a los lotes, andenes y vías que son de uso público. Sorprendente. (Ver Escritura pública número 728)
En la página 11, renglón 71 de esa escritura pública 728 se encuentra la firma de doña Cecilia de Peñalosa, madre del alcalde, quien vive en ese conjunto residencial hace varios años. (Ver Firma de Cecilia Londoño de Peñalosa)
La propiedad de doña Cecilia, según conocedores del caso, es una de las razones por las cuales no se ha podido resolver el hecho de que Calatrava sea un conjunto residencial convertido a la fuerza en propiedad horizontal que ocupa ilegalmente más de veinte mil metros cuadrados del espacio público de los bogotanos. (Ver Plano No. S 124/4-3 del Departamento Administrativo de Planeación Distrital)
Y no es que los funcionarios de la alcaldía desconozcan del tema. El 26 de mayo de 2011, la entonces subdirectora de Registro Inmobiliario emitió una certificación de todas las zonas que son de uso público que el Conjunto Residencial Calatrava Unidad Inmobiliaria Cerrada está ocupando de manera ilegal. La funcionaria que firmó esas certificaciones es la misma que hoy es defensora del Espacio Público: Nadime Yaver Licht. (Ver Certificación de Nadime Yaver Licht)
Pero nada pasa.
Para colmo de males, el recién nombrado alcalde local de Suba, Edgar Andrés Sinisterra Restrepo, quien debería ser un líder en retomar esas áreas, no se ha pronunciado sobre el caso de Calatrava pese a que trabajó en la primera administración de Peñalosa como asesor jurídico de la Defensoría del Espacio Público. (Ver El nuevo alcalde de Suba)
Ni una palabra. Como tampoco lo han dicho los demás funcionarios que podrían tomar acciones en defensa de esos 20.447,41 metros cuadrados de espacio público, sagrado en casi todos los casos, menos cuando se trata de la casa de la mamá del Alcalde.
@yohirakerman
akermancolumnista@gmail.com
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