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La corrupción comienza cuando la transparencia termina, y con el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub esta fue masacrada desde su nominación por parte del presidente Álvaro Uribe y la elección en manos de la mayoría uribista del Congreso.
En el momento de su votación, la asociación Elección Visible, encargada de hacer seguimiento al proceso de conformación de la nueva Corte Constitucional, emitió un comunicado advirtiendo la falta de transparencia en este proceso.
Para la coalición, la designación se había hecho a dedo por el presidente Uribe, en una terna de un único candidato. Así de claro y así de sencillo.
Para agravar la situación, tras la audiencia pública en la que Pretelt respondió a las inquietudes de senadores, un grupo de congresistas firmaron un acuerdo para elegir al día siguiente a los magistrados. Esta decisión impidió que la ciudadanía conociera las repuestas en video y se pronunciara sobre los candidatos. Es decir, todo estaba arreglado.
En su momento Gloria Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, declaró que a la audiencia pública de elección de Pretelt le había faltado limpieza: «fue realmente lamentable. Los acuerdos ya estaban hechos y fue un simple acto protocolario en el que hicimos el papel de idiotas útiles”, dijo.
En ese entonces el presidente Uribe parecía más interesado en colocar fichas en la Corte que le fueran leales, que en nombrar profesionales con destacada trayectoria en el derecho constitucional.
Deplorable, y ahora vemos el resultado.
Pretelt no contaban con un doctorado, ni con una literatura académica rigurosa, ni tampoco es experto en Derecho Constitucional, que es el mínimo requisito que debe tener un magistrado que tiene como trabajo proteger la Constitución y los derechos fundamentales de los colombianos.
Con su nominación, la presidencia rompió una tradición de nombrar académicos con trayectoria y reputación para estar en esta sala. Y los recientes fallos de la Corte Constitucional, fuera del escandalo de corrupción, muestran esa pérdida de altura en esta institución.
Ahora bien, la cercana relación entre el senador Uribe y el magistrado Pretelt, que incluso son vecinos de finca en Córdoba, comenzó mucho antes de la postulación a la Corte Constitucional.
En 2001 Pretelt fue la carta de Uribe en la lista del Consejo de la Judicatura. El favor fue repagado en 2003 por Pretelt cuando publicó un libro llamado «Por qué sí votar el referendo», mientras se debatía el referendo constitucional que había prometido Uribe en su campaña.
El presidente, agradecido, en julio de 2005 lo volvió a ternar ahora a la Fiscalía. Pretelt era, según los analistas, la cuota personal del presidente y eso se confirmó cuando Uribe, a última hora, tuvo que cambiar la terna y el único que quedó en la terna siguiente fue Pretelt.
El año siguiente, este abogado de Montería volvió a sonar para la Registraduría, pero fue en 2009, cuando exitosamente Uribe le pudo maquinar, con el apoyo de sus mayorías en el Congreso, su puesto en la Corte Constitucional.
Las nefastas consecuencias de un proceso que empezó amañado se ven ahora. Por eso el ex presidente Uribe no puede tomar distancia de su responsabilidad en este escándalo, ya que un líder que guarda silencio frente a supuestos corruptos que favoreció, no es víctima, es casi cómplice.
Para no serlo, el ex presidente Uribe debería ser la voz más resonante en el coro que exige la renuncia del magistrado Pretelt. Lo contrario, es ser permisivo con la corrupción.