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El presidente Gustavo Petro suele caer en la tentación de querer suplantar a los otros poderes públicos. Lo vuelve a hacer en el escándalo de los “Archivos de Calarcá” que publicó la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Ante unos indicios graves que pueden comprometer la seguridad del Estado, el presidente en pocas horas “dicta sentencia” para decir que todo es falso. Si así fuera, es una conclusión a la que deben llegar los organismos de investigación que sean competentes después de un trabajo riguroso. Tienden los gobernantes a proteger a personas de sus equipos que pueden estar cometiendo delitos. Lo que les corresponde es pedir y garantizar investigaciones de fondo para establecer la verdad de los hechos y las responsabilidades.
El nuevo escándalo desatado en torno a los posibles vínculos de altos funcionarios del Estado con miembros de la delincuencia organizada es de suma gravedad. Los detalles conocidos podrían ser evidencia de una grave infiltración por parte de las disidencias de alias Calarcá en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia. Un asunto para analizar con cabeza fría si se quieren entender los alcances, las implicaciones y las decisiones que se deben tomar. El presidente, sin embargo, pocas horas después de la publicación desechó toda la denuncia y solamente le faltó calificar a los mencionados en la denuncia como “buenos muchachos”.
No debemos olvidar que no son pocas las ocasiones en las cuales los delincuentes se han logrado meter en las estructuras más altas del Estado. Basta mencionar el proceso 8 mil, la parapolítica, la corrupción en el DAS, el cartel de la toga y decenas de casos más, para entender que los delincuentes siempre tienen la forma de comprar conciencias y garantizar impunidad cuando logran tener información privilegiada para evadir la acción del Estado. La pregunta en este nuevo caso es de qué nivel es la infiltración, hasta dónde llega y quiénes estaban al tanto.
Es natural que las personas mencionadas en la denuncia salgan a defenderse y a dar su versión de los hechos que debe ser escuchada y cotejada con las evidencias. El Estado tiene que garantizar una investigación rápida y eficaz con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. El periodismo hace su trabajo y ahora la justicia tiene que actuar. El presidente, como cabeza de ese Estado, no es el órgano judicial para determinar cuáles denuncias son falsas o reales, quiénes son culpables o inocentes. La versión que da el presidente sobre un posible intento por desacreditar a quienes vienen desmantelando redes delincuenciales también es una denuncia delicada que debe ser materia de investigación y se debe tramitar por los cauces institucionales y no en sentencias de red social.
Mientras el presidente desde su cuenta en X desestima la denuncia, la Fiscalía en un comunicado confirma que se investiga la información contenida en “los computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos” incautados a alias Calarcá y a sus hombres en el retén del 23 de julio del 2024 en Antioquia. Sin embargo, dada la gravedad de los hechos que se reconoce en el mismo comunicado, sorprende que la información no se haya reportado al despacho de la fiscal general ni a las direcciones que se dedican a investigar el crimen organizado. Hay líneas de investigación que apenas se van a abrir 16 meses después de la incautación del material y como consecuencia de la denuncia periodística.
El ambiente político se calienta y no son pocos los argumentos que este escándalo da a los opositores para pedir explicaciones al Gobierno y también a la Fiscalía por la lentitud en la investigación. En tiempos de campaña electoral, toda munición sirve. Lo importante ahora es que las investigaciones avancen con mayor diligencia y se establezca qué pasó y quiénes son los responsables. Eso, insisto, no le corresponde al presidente.
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