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No es menor el proceso que ha comenzado en la zona del cañón del Micay en el Cauca, una región tomada desde hace años por grupos ilegales y en donde buena parte de la población no ha encontrado forma distinta para sobrevivir que los cultivos ilegales. Las FARC y ahora las disidencias de Iván Mordisco han batallado por el poder en la zona con un alto costo para la fuerza pública y para los civiles. Ahora el Estado intenta recuperar el control y esa tarea, si se hace en serio, es de largo plazo.
El diagnóstico sobre la solución a los problemas de violencia en los territorios que han sido el escenario constante del conflicto en Colombia está hecho desde hace tiempo: se necesita presencia constante del Estado con fuerza pública, inversión social y, sobre todo, con proyectos productivos sostenibles que permitan dejar la economía ilegal.
Ese concepto está en el fondo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que están en el Acuerdo de Paz con las FARC. En el plan de ejecución de ese punto el país se divide en subregiones, y en la del Alto Patía y Norte del Cauca aparecen 24 municipios de tres departamentos. El primero que se menciona es Argelia, uno de 17 del departamento del Cauca registrados en esa subregión en donde también están 5 municipios de Nariño y dos del Valle del Cauca. Es en Argelia en donde queda El Plateado, epicentro de la Operación Perseo y de las noticias de estos días.
No es nuevo lo que pasa: la región tiene necesidades desde hace tiempo; la presencia del Estado, incluida la Fuerza Pública, ha sido débil o inexistente y la economía ilegal mueve la región. Resolver eso no es asunto de días ni de semanas o meses. El plan debe ser estratégico, estructural, integrado con la comunidad y con las autoridades locales. Hace bien entonces el Gobierno en plantear que la acción del Estado llegue con todos los ingredientes.
Entre los varios anuncios que se han hecho se habla de una inversión de 40 mil millones de pesos para la sustitución de cultivos y con la garantía de comercialización porque es ahí en donde han fallado otros planes: se pide a los campesinos dejar la hoja de coca, ellos siembran productos legales y luego no hay cómo sacarlos del territorio o quien los compre. Tener toda la cadena garantizada es importante. También se anuncian proyectos de conectividad, salud, educación y atención a necesidades de vieja data de la comunidad como una plaza de mercado, un hospital y el mejoramiento de vías.
Tal vez el Gobierno de Gustavo Petro se demoró en tomar una decisión porque era claro desde cuando comenzó el proceso de Paz Total que las disidencias de Mordisco no tenían real intención de paz y que su relación con el narcotráfico pesa más que cualquier objetivo político que pudieron haber tenido en el origen que reclaman.
Al Gobierno le queda poco tiempo y la tarea es inmensa y no tan simple como la podemos ver desde Bogotá. La presencia histórica de los grupos ilegales, el reclutamiento de menores de edad y el hecho de que la región dependa de la economía ilegal hacen muy difícil cortar de plano la presencia de grupos ilegales. La recuperación será larga y posiblemente costará más vidas.
Parte del trabajo es conectar con las comunidades y con las autoridades locales, algo que, a juzgar por comentarios de funcionarios de Argelia, no se dio como debería darse en la primera visita del alto Gobierno que ha recibido críticas también por las fotografías publicadas en redes. El de las selfies es un debate menor aunque ocupe tiempo en medios y redes. El fondo tiene que ver con la necesidad de intentar cortar causas estructurales de violencia. Si se logra eso en el cañón del Micay será un punto de quiebre. El tiempo dirá si el Gobierno de Gustavo Petro cumple lo anunciado y logra dar una vuelta a la realidad de una zona en la que fracasaron otros.
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