Infierno de tramitomanía

Hace unos días fui a una notaría para autenticar mi firma en unos documentos. Así lo solicitaban las entidades. Recordé que hace unos años dimos con alborozo la noticia de un decreto que buscaba reducir la tramitomanía. Era el año 2012 y el decreto se sumaba a la ley antitrámites del 2005. En el artículo 24 de esa ley se establece la presunción de validez de firmas. Es decir, no requiere autenticación una firma en un documento original entre particulares. Sin embargo, me pidieron autenticar y acudí a una notaría, entendiendo que todos los días hacemos trámites innecesarios.

Me alegró saber que había sistema de identificación biométrica porque pensé, en mi inocencia, que eso agilizaría el trámite. Mi sorpresa fue grande cuando me pidieron hacer el trámite de autenticación cuatro veces para igual número de documentos: “Espere que cargue el sistema, autorice, ponga una huella, ponga la otra, pose para la foto, firme aquí”. Pregunté, después del primero, si no se podía usar el trámite inicial para los otros documentos dado que era la misma persona ante la misma ventanilla. “El sistema no lo permite”, fue la respuesta. Miraba de reojo con sentimiento de culpa a los ciudadanos que se iban poniendo en la fila que se hacía más y más larga, mientras yo firmaba, ponía la huella, la otra huella, la foto, una y otra vez. Estuve 20 minutos en un proceso que, según la ley antitrámites, ya no se requiere.

No sé si esa ley sigue vigente o no porque en Colombia hacemos las leyes, creemos que con eso resolvemos los problemas y luego difícilmente volvemos a saber de ellas. Es como si ese papel sellado (¿y autenticado?) tuviera el poder de resolver nuestros líos. A juzgar por lo que pasa en la vida real, ni la ley del 2005, ni el decreto del 2012 han acabado con algunos de los trámites inútiles de nuestra tradición.

Uno más: tengo un poder amplio que, según abogada de la notaría que nos asesoró, me permite representar a un familiar cercano que vive fuera del país en todos sus asuntos en Colombia. Hace un par de meses acudí a una entidad que requería mi firma de apoderada y me pidieron copia del poder. La acababa de sacar en la notaría, porque era obvio que se necesitaba. Lo que no me imaginé es que pidieran un certificado de vigencia. Cuando dije que la copia la había sacado el día anterior y estaba vigente según indicaba el hecho de que me la hubieran expedido, la respuesta fue que debía anexar un certificado adicional. Volví a la notaría y tramité el certificado de vigencia. Cuando se presentaron los papeles de nuevo la entidad dijo que mi familiar debía acudir al consulado de la ciudad donde reside en el exterior para hacer una declaración autenticada diciendo que efectivamente había otorgado el poder que estaba registrado y certificado. Tendría que escribir cuatro columnas o más para contar otros detalles de este proceso que comenzó en el mes de abril y no ha terminado. Les dejo esa muestra del infierno y me pregunto si estaré pagando culpas de otras vidas. La batalla contra la tramitomanía parece misión imposible. Mientras tanto, los pillos roban identidades, venden inmuebles ajenos y estafan todos los días. Porque el infierno es para los que cumplen la ley y hasta los trámites que ya no ordena la ley.