Alarma electoral en Cali

Está primero la que enloda a los candidatos y alega la ilegalidad de las firmas. En un muestreo de la totalidad de ellas  —es decir, una porción representativa— y bajo un supuesto juicioso análisis de proyección estadística, la Registraduría afirma que muchas de las firmas que se recogieron para ambas candidaturas son falsas. Es decir, o no corresponden a personas existentes, o están repetidas a manera de planas, o son de gente que no hace parte del censo electoral, o firmaron muertos. Grafólogos y expertos de la entidad parecen haberlo confirmado el viernes pasado. Una cosa muy grave que mancha íntegramente la legitimidad de los candidatos y, por ende, hace surgir la obligación de castigarlos con su retiro de la contienda electoral. Sobre todo cuando, con este análisis estadístico, sus firmas no llegan al umbral que la ley exige. De acuerdo con la autoridad electoral se hizo el seguimiento de la Resolución 5641 de 1996 y las otras normas aplicables. Pan comido.

Pero ojalá esta fuera la única versión. La otra, que deja muy mal parada a la Registraduría, y que encabeza nada menos que Juan Manuel Santos, es la de la corrupción dentro de ella. Una corrupción que se muestra corriente en este país pero que afecta no sólo a los dos candidatos, sino el futuro de toda la ciudad. Según ésta, días antes de la anulación de su candidatura le dijeron a Guerrero que había una pequeña irregularidad en las firmas y que para enmendarla tendría que pagar la módica suma de $200 millones. A lo que  dijo no. Algunos días después de su negativa, le informaron que para ganar la Alcaldía de Cali sólo tendría que cancelar la bicoca de $2.000 millones. A lo que, otra vez, dijo no. Hecho esto: “oh, sorpresa”, como exclamó Santos, su candidatura fue anulada.

A la par de estos inconvenientes se ha gestado todo un debate alrededor del engorroso tema estadístico. Los candidatos aseguran que dentro de este proceso de muestreo —el estipulado por la resolución en mención— no se proyectaron bien las cifras de las firmas que los grafólogos examinaron. En los informes de la Registraduría no queda muy claro qué pasó en esta fase y si se hizo o no correctamente la extrapolación de esta muestra al total de firmas. De acuerdo con algunos expertos, la pequeña muestra analizada por los grafólogos se extrapoló directamente al universo total de firmas, cosa que incrementa de manera notable las anuladas y deja por fuera, como dijeron los candidatos, un número absurdo de las mismas.

Susana Correa renunció. Al parecer quiere dejar en claro que no tiene ningún interés oscuro. Guerrero insiste y pide que se haga una veeduría internacional en una nueva revisión de firmas. El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, ha manifestado que prestará todo su apoyo para una investigación a profundidad del tema de la corrupción. Si se interpone el recurso de reposición, las firmas serán revisadas una por una, pese a lo odioso de esta labor.

El caso de Cali es, sin duda, una afrenta a la limpieza que debe existir en una democracia. Venga de donde venga, tendrá que aclararse quién está tratando de manchar estos legítimos mecanismos electorales, así cueste el tiempo de la revisión de cada firma o una veeduría más estricta. Esto de cara a depurar las elecciones de la ciudad que, por demás, está sumida en una crisis que requiere hoy más que nunca una administración transparente.