La justicia y la Fuerza Pública

La severa pena generó reacciones contrarias, en general desafortunadas si no es que peligrosas. La posibilidad de que otros responsables de la retoma del Palacio —como los generales en retiro Jesús Armando Arias Cabrales y Rafael Samudio Molina— corran con la misma suerte, desencadenó declaraciones de descontento de la cúpula militar bajo el argumento de que la condena golpea la moral de las tropas. El ministro de Defensa, Gabriel Silva, que ya antes de la sentencia había declarado que era tiempo de ponerle fin a la “justicia espectáculo”, reaccionó argumentando que la justicia no es infalible. El presidente Uribe, visiblemente molesto con la decisión, en alocución televisada alertó sobre la urgencia de crear, mediante un proyecto de ley, un marco que proteja la actuación de los oficiales.

No obstante las críticas, reclamos y observaciones, que por poco se constituyen en orden de desacato, algunas precisiones son requeridas. La sentencia en contra del coronel (r) no debe ser interpretada como un ataque de la justicia a las Fuerzas Militares. Aunque es entendible el malestar militar por la ausencia de un fuero que permita su juzgamiento por hechos sucedidos en el cumplimiento del deber, mal hace el Gobierno en manifestar su desacuerdo con la decisión judicial al tiempo que aboga por una justicia de carácter militar. La sentencia de la jueza es por la desaparición de civiles. Un crimen de lesa humanidad, sin importar el carácter, militar o no, de la justicia. Cualquier observador desentendido podría interpretar que lo que se quiere es abonar el camino para la impunidad.

Ciertamente el argumento, reforzado esta semana profusamente, de que resulta cuando menos paradójico que quienes hacían parte de la organización que planeó y ejecutó la toma del Palacio de Justicia gocen de libertad y protección estatal mientras quienes realizaron la retoma estén siendo juzgados, suena poderoso. Pero comparar la situación de Plazas Vega con la de algunos ex militantes de la guerrilla no hace sino deslegitimar un proceso de paz exitoso. Así lo entendió el propio presidente Uribe, quien después de cuestionar la vida política actual de algunos ex integrantes del grupo guerrillero, en la misma semana hizo un llamado a proteger el proceso de paz con el M-19.

En ese sentido, antes de correr a tramitar una especie de ley de perdón y olvido para lavarles la cara a militares y políticos responsables, directa o indirectamente, de violaciones a los derechos humanos, que se pueda convertir además en patente de corso hacia el futuro, nos parece pertinente retomar la vieja propuesta del senador Gustavo Petro, quien ha manifestado que lo deseable no es que los militares investigados vayan a prisión, sino que admitan su responsabilidad en los excesos cometidos en la retoma del Palacio. El reconocimiento de las acciones o directivas que desembocaron en la trágica desaparición de los 11 ciudadanos que salieron vivos del Palacio permitiría la elaboración de un pacto de extinción de la responsabilidad penal. Y también que no se retroceda en los avances en el respeto a los derechos humanos que ha habido en la Fuerza Pública durante los últimos años. Los familiares de las víctimas, y la sociedad colombiana en general, tenemos derecho a conocer, 25 años después, algunas verdades sobre la noche del 6 de noviembre de 1985. Por muy incómodas que sean.