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Balance legislativo: pocas leyes, muchos debates, Justicia y paz

SUELE DECIRSE DE CADA CONGRESO que termina que el balance de sus actividades es negativo, gris, poco alentador, precario o lacónico.

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El que elegimos los colombianos para el período 2006-2010 no fue la excepción. De hecho, hace carrera la idea de que concluye labores el Congreso más desprestigiado de la historia política reciente.

Con 85 parlamentarios procesados por vínculos con el paramilitarismo, según cifras de la Fundación Arco Iris, no es realmente extraño que el Legislativo cuente con tan escasa legitimidad. Entre los investigados hay 39 representantes a la Cámara y 46 senadores. Con más de siete congresistas indagados, Antioquia, Magdalena, Caldas, Córdoba, Tolima y Sucre encabezan la lista de departamentos con el mayor número de parlamentarios involucrados en el escándalo de la parapolítica. El número total de condenados ya asciende a 16, y otros 16 han sido llamados a juicio.

En el plano de la actividad legislativa también abundan los reparos. Respecto a lo ocurrido en el período 2002-2006, en el que, discutibles o no, fueron aprobadas la Ley de Justicia y Paz, el impuesto de guerra y varias reformas (laboral, tributaria, administrativa), en esta ocasión los esfuerzos parlamentarios se limitaron a la Ley Antitabaco, el Código Minero, la Ley de la Ciencia, el hábeas data y los útiles inútiles, entre otras normas de timorata concepción como la prohibición de la dosis mínima. Pese a ser el cuatrienio que pasará a la historia, en otros países, como uno de los más fértiles en materia de proyectos legislativos para enfrentar la crisis económica, en Colombia el Gobierno insistió, hasta última hora, en que no era necesario prender las alarmas. Todo estaba bajo control.

Y así con otros temas, como la salud y la justicia, que requerían de las reformas estructurales que el gobierno del presidente Uribe no agilizó. Igual ocurrió con la ley de víctimas, frente a la cual el Gobierno, a última hora, argumentó inconveniencia económica, negó la existencia de crímenes de Estado y modificó el articulado del proyecto hasta imponer requisitos administrativos para que los ciudadanos probaran su condición de víctimas. Al fin de cuentas, la mayor cantidad del tiempo fue empleado en la reforma a la Constitución para que el Presidente pudiese reelegirse por segunda vez consecutiva. A lo cual hay que agregar el marcado ausentismo de los últimos tiempos, mientras se adelantaban las elecciones parlamentarias y presidenciales.

En este opaco balance, cabe resaltar algunos debates de control político. No hay que olvidar que el escándalo de la parapolítica, a pesar de que el afectado fue el propio Congreso, inició gracias a las denuncias de Gustavo Petro. Además, el bajo desempeño legislativo se vio superado por debates en torno a temas como las pirámides, el decreto de emergencia económica, los mal llamados falsos positivos, los desaciertos de Agro Ingreso Seguro, la inequidad en la prestación del servicio de salud o las interceptaciones ilegales.

Esta no es, pues, una legislatura enteramente criticable. De hecho, hay quienes insisten, desde el análisis objetivo y desapasionado como el que realiza el observatorio Congreso Visible, en que este es un Congreso difícilmente comparable con los anteriores, ya que se puso en práctica la figura de la reelección presidencial inmediata por primera vez en más de un siglo, se estrenó el régimen de bancadas y se puso en práctica el voto nominal. Paradójicamente, este que termina entre quejas, críticas y chiflidos, también es el primer Congreso con características modernas desde que fue promulgada la Constitución de 1991.

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