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El acuerdo de cooperación judicial con E.U.

RESUENAN TODAVÍA LOS ECOS DE LA sorpresiva decisión presidencial de extraditar a los Estados Unidos a la cúpula mayor de los paramilitares que negociaron el proceso de desmovilización y se sometieron a la Ley de Justicia y Paz.

17 de mayo de 2008 – 03:03 p. m.

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Se trata, como ya hemos dicho, de una jugada audaz pero polémica, que puede revivir las esperanzas de justicia —pues desde hace mucho tiempo estos capos venían burlándose de manera descarada de la colombiana—, pero que también deja abiertas muchas dudas respecto de la verdad histórica —necesaria para que no se repita su barbarie— y de la reparación con sus víctimas —sin la cual resulta imposible pensar en una paz sólida y duradera como resultado de este proceso.

Las esperanzas en este punto se centran hasta ahora en los anuncios generales que hizo el presidente Uribe esta semana sobre los acuerdos de cooperación judicial “vigorizados” con los Estados Unidos para garantizar que la extradición de los comandantes no resulte en la elusión de los cargos por paramilitarismo y, por ende, de la justicia, la verdad y la reparación.

No fue ciertamente un buen augurio a dichas esperanzas que, al anunciar el acuerdo, el presidente Uribe hubiera acudido al espejo retrovisor para señalar que “en Colombia nunca se exigió verdad, ni se exigió reparación” y que a los desmovilizados en pasados procesos de paz “se les perdonó, y pudieron pasar de cometer delitos atroces a aspirar a la Presidencia de la República, a estar en el Congreso, etcétera”. La angustia que provocó la extradición de los 13 capos del paramilitarismo por la suerte de la justicia, la verdad y la reparación —propósito central de la Ley de Justicia y Paz—, exigía ponerlas de relieve en lugar de demeritarlas con referencias históricas fuera de lugar.

Pero más allá de ese detalle —que bien puede ser un asunto accesorio, más producto de la personalidad del Presidente que de otra cosa— es urgente que los colombianos conozcamos el alcance preciso y detallado de ese “acuerdo jurídico-político” al que se llegó con los Estados Unidos, tanto para saber si en efecto se han protegido los derechos de las víctimas, como para poder estar vigilantes de que se cumpla con lo prometido. Porque si bien es claro que la cooperación judicial entre los dos países es activa y vigorosa, también lo es que este caso en particular presenta retos adicionales con los que antes no se había enfrentado dicha cooperación.

Desde la calificación misma del acuerdo como “político-judicial” surge la primera duda. Porque para que sea efectivo en cuanto a los cargos de paramilitarismo de los capos extraditados es necesario que la colaboración sea entre los poderes judiciales de ambos países, sin mediación política de los gobiernos. Por ejemplo, para que las autoridades judiciales avancen con los procesos a través de la justicia ordinaria, pues si la razón que se ha esgrimido para extraditar a los comandantes fue en primer lugar que continuaban delinquiendo, sería un absurdo mantenerlos dentro de la Ley de Justicia y Paz que traicionaron.

No menos importante es aclarar cómo van a poder actuar las comisiones de la Fiscalía o la Corte Suprema, pues el simple intercambio de pruebas o la sola participación en las audiencias en los casos de narcotráfico en Estados Unidos pueden resultar inocuos para los propósitos de la justicia colombiana. Se debe garantizar que los investigadores nacionales puedan interrogar directamente a los comandantes. En el caso de la parapolítica, por ejemplo, aun cuando se ha dicho con razón que la mayoría de los procesos se han montado con base en testimonios de mandos medios de la organización que continúan en el país, se trata de testigos de referencia que han denunciado acuerdos de los políticos con los comandantes y es en la declaración de estos últimos donde se pueden encontrar consistencias o inconsistencias probatorias cruciales para la investigación.

Asimismo, es importante que los tiempos procesales de aquí por paramilitarismo y allá por narcotráfico se respeten y no que los del uno se subordinen a los del otro.

Existen también interrogantes logísticos en cuanto a, por ejemplo, si se van a poder hacer videoconferencias en las que participen las víctimas o si las comisiones judiciales van a tener que viajar al país del norte. Más aun, de qué fondos se dispondrá para financiar unas y otros. ¿Se tiene contemplada una adición presupuestal para la justicia? ¿Ofrece el gobierno de Estados Unidos algún apoyo?

En fin, muchas y muy variadas son las inquietudes sobre el alcance del acuerdo judicial con los Estados Unidos, que solamente se podrán resolver cuando conozcamos en concreto los alcances del mismo. Los colombianos tenemos derecho a conocerlos y los gobiernos la obligación de revelarlos de inmediato.

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