Pólvora y pedagogía

Según el reporte entregado al Ministerio de Protección Social, el número de afectados en lo que va del año asciende a 213. En 2007, para esta época del año, ya se habían presentado 266 casos de lesionados. La mejoría es considerable, cómo negarlo, pero sigue siendo largo el camino por recorrer. Que a la fecha 129 menores de edad se encuentren entre los afectados es una señal inequívoca de que es preciso redoblar los esfuerzos adelantados desde que el entonces alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, decidiera prohibir en 1995 el uso de pólvora. Sólo en la capital, el pasado 24 de diciembre, se registraron tres menores de edad con quemaduras. En el orden nacional la cifra de menores afectados fue de 17, y si se agregan los adultos se pasa a un total de 26 personas en una sola noche.

Aun hoy, y pese a los accidentes que se sabe traen las fiestas decembrinas, existen alcaldes que se niegan a prohibir la venta y utilización de elementos pirotécnicos con el argumento económico de las familias que derivan su sustento de esta actividad. Muzo y Coper, en Boyacá, insisten en mantener la permisividad, por ejemplo. Municipios como Tuta y Guateque restringieron su venta a menores de edad y personas bajo los efectos del alcohol. El alcalde de este último argumentó que “por tradición mucha gente vive de esta actividad”. Igual oposición, sobra decirlo, enfrentaron quienes apoyaron y asumieron la histórica decisión de prohibir la pólvora.

Es más, pese a que la Alcaldía de Medellín prohibió el uso y la venta en vías públicas y zonas residenciales o comerciales, y a que estableció una sanción económica y la Policía ofrece recompensas para los denunciantes de expendios de pólvora, Antioquia figura como el departamento con el mayor número de casos registrados hasta el día de hoy. Con un total de 88 personas, y entre éstas 55 menores de edad, supera a Bogotá y a Boyacá.

Las campañas contra el uso y la venta de pólvora, salvo cuando es manipulada por profesionales debidamente identificados, no sólo deberían limitarse a la protección de los menores. Es preciso que se haga claridad sobre los castigos que afrontan los padres de familia cuando permiten a sus hijos manipular pólvora. Y también es conveniente que las medidas adoptadas adquieran un alcance nacional y que, como lo planteó en sus inicios el propio Mockus, se desarrollen campañas pedagógicas con las que una costumbre tan arraigada puede ser combatida. De lo contrario, los esfuerzos seguirán siendo contrarrestados.

Por lo demás, tanto autoridades civiles como policíacas deben concentrar sus actividades en la última semana del año, pues en tan sólo seis días del año pasado el número de heridos por pólvora prácticamente se duplicó —pasó de 266 a 477 heridos—.