Una solución para la carrera séptima

Bajo el eslogan de “Gerencia en Vía” se adaptarán puestos de control para monitorear, rastrear e intervenir, en tiempo real, los puntos de mayor congestión del histórico corredor. La medida contempla la regulación de las empresas de transporte que controlan las rutas y la capacitación de sus conductores para que, en adelante, recoger y dejar pasajeros se realice de manera organizada y eficiente en los respectivos paraderos. Si las soluciones instauradas tienen éxito, otras arterias de igual importancia serán intervenidas con la misma política de movilidad.

La carrera séptima es una de las vías más contaminadas, ya no del país, sino de América Latina. Más de 20 mil personas de diversos estratos circulan por ella cada hora. Y ello en compañía de seis mil buses distribuidos en 170 rutas. Después de la carrera décima, es la vía con el mayor número de rutas de servicio público. En horas pico, más de 4.600 vehículos se movilizan entre las calles 26 y 100, y otros 3.500 entre la 100 y la 170. El pico y placa impuesto recientemente, aunque útil, seguirá siendo insuficiente. Como a la fecha se desconoce si habrá Transmilenio, metro o pretroncal por la carrera séptima, cualquier iniciativa distrital encaminada a mejorar la movilidad de este sobrediagnosticado eje es más que bienvenida.

Pero las dudas acechan. De entrada, esta no es una solución definitiva. A lo sumo, un paliativo y como tal debe ser presentada. Un experimento, un ensayo que habrá de ser útil mientras se abordan las soluciones de fondo que la carrera séptima requiere y la ciudadanía reclama. Lejos estamos aún del deseo expresado por el secretario de Movilidad, Fernando Álvarez, quien en diciembre del año pasado manifestó en la Cámara de Comercio de Bogotá que su sueño era que la carrera séptima estuviese “mejorada en la segunda semana de febrero”.

La generosa invitación que se les hace a los gremios del transporte, aunque útil pues una negociación con los verdaderos dueños de la séptima es deseable, deja un sinsabor entre quienes estiman que la autoridad legítima a la hora de tomar decisiones reposa única y exclusivamente en el Alcalde Mayor. El presidente de la Confederación Nacional de Transporte Urbano (Conaltur), César González, afirma que hay voluntad de parte de los transportadores para aliviar el tráfico de la séptima. Otros, como el presidente de la Asociación del Transporte Urbano (Asotur), Alcides Torres, confirman que el “compromiso es serio y no será una ilusión”. Pero ya antes hemos atendido declaraciones parecidas. Lo mismo ocurre con los paraderos, que muy pocos respetan. Y que se sugiera de su parte el retiro de 1.500 vehículos de servicio público, tiene tanto de bueno como de chantaje. Aunque en esto de la batalla contra el gremio del transporte público que controla la carrera séptima, y vale la pena recordarlo para ponerle freno a la politización de la movilidad, anteriores administraciones han pasado de agache.

Más allá del anunciado Sistema Integrado de Transporte Público, algunos mensajes del Distrito en materia de movilidad han sido erráticos. Desatinadas decisiones, como cuando el ex secretario de Movilidad extendió el horario del “contraflujo” para resarcir la presión de los carros particulares, pero en detrimento del servicio público que moviliza a la mayoría de los bogotanos, dan la sensación de que se está improvisando.

Y si se la mira en el largo plazo y no se anuncian con prontitud las verdaderas obras que habrán de sacar de su atraso a la carrera séptima, esta nueva medida corre el riesgo de convertirse en un ejemplo más de espontaneidad y falta de preparación técnica.