La encrucijada del DAS

Resulta difícil comprender cómo puede servir esta medida para acabar con la interceptación ilegal de llamadas con propósitos oscuros y con el tráfico de información de inteligencia con grupos ilegales que se ha revelado la última semana. No huelga recordar que la última vez que estuvimos frente a un escándalo similar de “chuzadas” ilegales el protagonista fue la Policía Nacional. Y si bien el presidente Uribe asegura que “la Policía Nacional ha venido haciendo todos los esfuerzos para corregir el problema que en ese momento se detectó” y el general Naranjo ofrece garantías, es ineludible rememorar que con esa misma candidez se nos aseguró, tras algún escándalo anterior, que el DAS se había depurado con la llegada de un director de toda confianza y la salida de algunos funcionarios, entre ellos cinco directores regionales.

Por lo demás, desmembrar el DAS trasladando sus funciones con cuentagotas a la Fuerza Pública es acabar con un organismo de inteligencia de carácter civil, al servicio del Presidente de la República para su seguridad y la del Estado, que por esas dos razones, simples pero cruciales, debe mantenerse por fuera del mando castrense. Que de manera equivocada, o maliciosa, los gobernantes o sus sanedrines hayan querido desviar esas funciones para utilizarlas en personalísimas inquinas o que una mafia del crimen haya logrado enquistarse en el organismo con el aval, o la incompetencia, de los directores de los últimos años, no es razón suficiente para acabar con el DAS o para asfixiarlo.

No bastan ya, pues, más apariencias de acción con anuncios rimbombantes y renuncias de ocasión.

El retiro del director de inteligencia, Fernando Tabares, y del subdirector, Jorge Alberto Lagos, apenas explicable, no representa un avance para aclarar los delitos. No sólo contra ellos, sino contra nadie en esta larga historia de escándalos, existe investigación penal alguna. La grave situación expuesta requiere de una respuesta contundente sobre quién, cómo y para qué se estaban haciendo estas interceptaciones ilegales, antes de conformarse con un ajuste de competencias o un desvanecimiento de la institución.

Lejos de esa respuesta que estamos exigiendo los colombianos están, por lo demás, los desvíos de atención con acusaciones a los periodistas por denunciar y a la Fiscalía por asuntos tan mundanos como compartir una cena privada con quienes publicaron el escándalo. En lugar de preocuparse por la emisión de la información o por la investigación por parte de la Fiscalía, el Gobierno debería estar colaborando para descubrir este tenebroso proyecto criminal.

Y una vez descubierto, ojalá el Presidente y sus asesores —y los que vengan después— entiendan la importancia de un organismo como el DAS para hacer lo que la normatividad le exige y no para servir de inteligencia de bolsillo a los intereses pueriles de los pobladores temporales de la Casa de Nariño. Proponer reformas sin ese básico fundamental, no es más que aplicar paños de agua tibia a un enfermo terminal.