Salud en emergencia

En las primeras semanas de este nuevo año, el Gobierno expedirá varios decretos con fuerza de ley amparados en la declaratoria de emergencia. Aunque todavía no se conocen los textos definitivos, los ministros de Hacienda y de Protección Social dieron a conocer algunos detalles de los decretos de emergencia. El Gobierno está pensando, entre otras cosas, aumentar los impuestos a los licores, la cerveza, los cigarrillos, el tabaco y los juegos de suerte y azar, crear una cuenta especial para administrar los pagos de servicios y medicamentos no contemplados en los planes de beneficios (“No Pos”), trasladar parte del costo de los servicios “No Pos” a los pacientes con capacidad de pago y centralizar la administración del Régimen Subsidiado en Salud.

La declaratoria de emergencia ha suscitado muchas críticas. Varios analistas han señalado que la emergencia no tiene una justificación evidente, pues los problemas que intenta resolver no obedecen a hechos sobrevinientes, inesperados, sino a causas estructurales identificadas y denunciadas de tiempo atrás. El Gobierno, se dice, está tratando de remediar en 30 días lo que dejó de hacer en varios años, y lo está haciendo, además, por fuera de los procedimientos democráticos tradicionales. En suma, la emergencia podría ser inconstitucional.

Pero más allá del debate jurídico, preocupa, en primera instancia, que la emergencia esté sustentada en un diagnóstico simplista y en últimas equivocado de los problemas financieros del sistema de salud. En opinión del Gobierno, la causa principal, casi única, de estos problemas es la proliferación de pagos por servicios y procedimientos “No Pos”. Nada o muy poco ha dicho el Gobierno sobre el acelerado crecimiento del Régimen Subsidiado. O sobre las ineficacias de la red hospitalaria. O sobre la sobrefacturación de servicios “No Pos”. O sobre los problemas de supervisión y regulación.

Preocupa, en segunda instancia, que las soluciones planteadas, basadas como se dijo en un diagnóstico simplista, no contribuyan efectivamente a solucionar los problemas de fondo. Podrían resolver provisionalmente los problemas fiscales de algunos departamentos, darles a algunos hospitales un alivio transitorio, aplazar por un tiempo las dificultades financieras de algunas Empresas Promotoras de Salud (EPS), pero, en últimas, no contribuirían a resolver los grandes desajustes estructurales del sistema de salud colombiano. La emergencia parece orientada no tanto a resolver los males de la salud, como a lidiar con algunos de sus síntomas más conspicuos o políticamente más gravosos.

Lo que necesita el sistema de salud colombiano, vale la pena reiterarlo, no es un procedimiento de emergencia, realizado de manera apresurada —y oportunista, dirán algunos— sino una cirugía de fondo, bien planeada, estructurada y sobre todo basada en un diagnóstico exhaustivo. La emergencia social, según las declaraciones fragmentarias del Gobierno, no corregirá los desbalances estructurales, las causas de fondo de un problema muy complejo. Finalmente, la emergencia podría poner de manifiesto, de manera involuntaria, casi paradójica, uno de los problemas más graves de nuestro sistema de salud: la improvisación oficial.