El Salado: un oprobio indecible y una larga espera

Como en otros escenarios de violencia, a la barrida paramilitar le siguió el desplazamiento de más de 4.000 personas. Tras este, que sigue siendo un reto aplazado de las autoridades, vino el despojo de las tierras.  Lo que algunos denominan, con razón,  la contrarreforma agraria. Ahora que los pobladores se deciden a volver a sus territorios, incentivados por más de un programa gubernamental, se encuentran con que grandes cantidades de su tierra están pasando a manos de  empresarios encargados de proyectos agroindustriales movidos por lógicas de mercado y no de solidaridad y mucho menos de responsabilidad.

Al lado de estas modificaciones del panorama anterior a la masacre de El Salado, se quedan cortas  las iniciativas de algunas empresas privadas y organizaciones de la comunidad internacional interesadas en un retorno exitoso. Algunos cálculos preliminares divulgados en los medios dan cuenta de la venta, entre 2005 y 2009, de más de 700.000 hectáreas de tierra en los Montes de María. Se dice que tierras que tenían un valor de 500.000 pesos la hectárea hoy se cotizan en 3 millones. No hay, pues, posibilidades reales de éxito para un posconflicto que no garantiza las condiciones básicas de supervivencia de los pobladores.

Como tampoco puede haberlo si la impunidad sigue tan campante y no existe garantía alguna de no repetición. Luis Torres, líder indiscutible de la comunidad que ha estado al frente del retorno de los habitantes, expuso su vida ante amenazas que lo obligaron a un exilio forzoso.  Como él, otros muchos líderes han debido hacer caso omiso de las embestidas de los interesados en que cesen sus demandas. La justicia, que ya debiera haber hecho su parte, guarda silencio y una calma cómplice. Increíblemente, de los 450 paramilitares que se estima participaron en la arremetida, 15 han sido condenados. Del lado estatal, cuatro oficiales de infantería marina recibieron una sanción disciplinaria. Y ello no obstante el que se sepa que la infantería de marina era la encargada de la seguridad de la zona y nada hizo para repeler un ataque paramilitar que se prolongó por un espacio de seis días.

Sin justicia plena difícilmente puede hablarse con seriedad de otros temas tan promocionados en el discurso gubernamental del posconflicto. Es lo que ocurre con la reconciliación. Sin ir muy lejos, la lucha por la memoria, protagonizada por la Comisión de la Memoria Histórica y su informe La masacre de El Salado. Esa guerra no era nuestra, sigue siendo un derrotero frente al que existen numerosas amenazas. Al respecto, no son pocas las invocaciones al olvido que se hacen desde las filas castrenses y que se traducen en verdaderos irrespetos a las víctimas, además de auténticas estrategias de encubrimiento.

En síntesis, para El Salado el panorama ha comenzado a cambiar pero está todavía cargado de muchos nubarrones. La iniciativa privada, aunada al interés de la comunidad internacional y de algunos medios de comunicación es bienvenida pero si no se hace coordinadamente y sobre todo atendiendo las necesidades y la voz de las víctimas puede desembocar en falsas expectativas y expresiones de cansancio de parte de estas.  Es necesario un enorme liderazgo estatal de coordinación de acciones en esta perspectiva,  si se quiere avanzar en la consolidación de los procesos de reparación largamente esperados por esta comunidad que ha sufrido todas las injusticias al mismo tiempo.