Avanza la captura

Pero el debate sobre el Presidente-candidato y la falta de garantías alegada por varios precandidatos presidenciales ha ocultado el debate más inmediato de la actual contienda legislativa y las irregularidades que una vez más la caracterizan.

A menos de un mes de las elecciones para Congreso, Parlamento Andino y consultas internas, son tantas las denuncias y alertas emitidas desde los partidos, la sociedad civil y los organismos de control, que no queda sino esperar con pesimismo que el narcotráfico y el paramilitarismo permeen de nuevo la elección.

El más reciente informe de la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), que centraliza las irregularidades sobre este tema, da cuenta de más de 50 denuncias ciudadanas, relacionadas con corrupción al elector, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas, constreñimiento al elector, infiltración de dinero ilícito en campañas, dineros públicos y participación de funcionarios en política y amenazas a candidatos. Los departamentos con más denuncias ante la Uriel son Bolívar, Santander, Antioquia, Putumayo y Valle del Cauca, lo que coincide con lo afirmado por la Misión de Observación Electoral en su más reciente informe de riesgos electorales.

A su vez, la Misión Internacional de Observación Preelectoral de Global Exchange llamó la atención sobre la manera como en algunas ciudades capitales y municipios de Antioquia, Córdoba, Santander y Valle del Cauca se está presionando a los beneficiarios de los subsidios de Acción Social para que voten a favor de candidatos uribistas. Y no debe olvidarse la avalancha de denuncias desde los medios de comunicación que han salpicado a partidos que avalan personajes cuestionados y herederos de la parapolítica.

En este sentido, cabe destacar la decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la personería jurídica de la Alianza Democrática Nacional, ADN, tras hallar serias anomalías en la manera como se llevaron a cabo modificaciones a sus estatutos. Extraña, sin embargo, que la medida no se haga extensiva a otras colectividades que incurren en irregularidades similares. La transformación de nombres y logos como estrategia electoral para borrar los trazos de un pasado de relaciones con la ilegalidad forma parte también del repertorio de Apertura Liberal DMG y del Partido de Integración Nacional (PIN). Es así como Apertura Liberal DMG deja atrás su alianza con la empresaria del chance Enilce López, para consolidar su relación con el hoy extraditado David Murcia, cerebro de la captadora ilegal de dineros DMG. Y el PIN no sólo recibe a muchos de los miembros del extinto ADN, sino que sella una alianza con el grupo político de La Gata que, pese a estar bajo detención domiciliaria, consolida su fuerza política.

El proceso de captura de curules en el Congreso de la República por cuenta de actores criminales y paramilitares, que inició durante las elecciones de 2002, sigue vigente y está lejos de finalizar. Los actores involucrados en estas alianzas pueden cambiar, renovarse y disfrazarse, pero las redes de cooptación estatal persistirán mientras no se implementen políticas integrales que sienten un verdadero precedente de rechazo a las coaliciones entre ilegales y funcionarios públicos. La lección no ha sido aprendida. Y los electores están tan entretenidos con la suerte del referendo reeleccionista, que esperar una reacción ciudadana no resulta más que una utopía irrealizable.