Bienvenidos y necesarios avances en el caso Tierralta

Las primeras decisiones en la investigación sobre la traición de los militares contra el pueblo en Tierralta, Córdoba, llegaron de manera veloz y son bienvenidas. Ayer, el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante del Ejército, anunció que fueron retirados del Ejército Nacional 18 exmilitares que tuvieron relación directa con los hechos denunciados por la comunidad y también se hizo el traslado interno de 13 soldados profesionales que no tuvieron participación directa. Mientras tanto, la Dirección Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía continúa los procesos y es necesario que pronto haya responsabilidad penal por lo ocurrido.

Celebramos la celeridad que ha mostrado el Ejército en responder a la crisis. En el pasado, lo común era negar lo ocurrido, estigmatizar a las voces críticas y sembrar el manto de la duda cuando había denuncias similares. No en vano, solo desde este año hemos empezado a ver imputaciones en la Fiscalía contra militares involucrados en la masacre de Puerto Leguízamo, que enfrentó a la comunidad con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, y que sigue llena de preguntas por resolver. Contrasta con lo que ha pasado en la semana después de conocidos los videos en Tierralta. No solo el mismo día se confirmó la participación de los militares, sino que se han tomado medidas contundentes para responder a la situación.

No era para menos. Los videos de militares encapuchados y presentados como falsos miembros de las disidencias de las FARC son espeluznantes. También aterrorizan los testimonios de la comunidad, que denunciaron presiones, amenazas y hasta violencia sexual por parte de los exmiembros del Ejército. Lo dijimos en su momento y es necesario repetirlo: se trata de una traición del más alto nivel que quiebra la confianza de las comunidades en las personas llamadas a protegerlos.

Hace un a semana preguntamos cómo haría el Ejército para empezar a recobrar la confianza y, por fortuna, la respuesta ha sido contundente. Las personas retiradas de la institución son seis oficiales, cuatro suboficiales y ocho soldados profesionales. Adicionalmente, los 13 soldados profesionales trasladados se dedicarán a labores administrativas. Mientras tanto, la Inspección General de las Fuerzas Militares y la Inspección General del Ejército Nacional recomendaron desvincular al comandante de la Brigada 11, coronel José Edilberto Lesmes, y el sargento mayor de comando Juvenal Mahecha. El mensaje enviado es unívoco y esencial: tolerancia cero para la participación en acciones criminales tanto por acción como por omisión. Así debe ser, no esperamos otro comportamiento por parte de una institución tan importante como el Ejército.

Ahora es el turno de la Fiscalía. Las investigaciones deben llevar a imputaciones cuanto antes para que el país pueda entender qué ocurrió, y para que los habitantes de la zona tengan garantías de no repetición. Nunca más se tolerará en Colombia que el terror lo generen miembros de las Fuerzas Armadas.

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