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Ni el desangre ni el cansancio de Buenaventura son nuevos. La frustración de los ciudadanos, expresada en protestas y en el doloroso mensaje de #SOSBuenaventura, representa décadas de olvido, corrupción, promesas sin cumplir y un Estado que se mueve entre la indolencia y la impotencia. La crisis más reciente, que involucra a dos bandas criminales aterrorizando a un barrio entero, el Juan XXIII es solo una cicatriz más en uno de los puertos más importantes del país. Es inaceptable que la preocupación de muchos sea por las protestas y no por el hecho de que hay tantas familias desplazadas. ¿Hasta cuándo?
Basta con leer al alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, hablando con El Espectador. Vidal, quien fue elegido como producto de un movimiento cívico que buscaba ver representadas las protestas de los ciudadanos en la Alcaldía, deja ver su frustración. “Buenaventura, por su condición de puerto internacional, es atractiva para los grupos ilegales”, explica. “No desde hoy, ya vamos para la tercera década viviendo enfrentamientos a sangre y fuego por el control del territorio. Digo que hay que profundizar porque no podemos conformarnos solo con que ahora se apaguen los fusiles y la vida continúe igual pagando vacunas por la comida. Tenemos que volver a construir escenarios de paz y no violencia. Hemos venido llamando la atención sobre el origen y la motivación de la violencia en Buenaventura. Hemos querido posicionar que aquí no hay un caso particular de delincuencia común, aquí lo que hay es una disputa por el control del territorio, que lo ejercen estructuras armadas nacionales y en algunos casos con redes internacionales”.
Es un diagnóstico gravísimo. Y está en lo cierto. Daniel Palacios, ministro del Interior, pareció dar un parte de normalidad por la llegada de un contingente de Fuerza Pública a la ciudad —como si esa fuera la gran solución, por cierto—, al decir en RCN Radio que “una cosa es que un miembro de un grupo criminal haga disparos al aire o que un bandido haga una acción de sicariato, y otra, que haya control territorial de un grupo criminal”. Si esa es la mirada oficial, está desconociendo lo que dicen los habitantes de Buenaventura y el mismo alcalde. El problema es que seguir subestimando el problema no permite solucionarlo ni entender su complejidad.
Las fallas no son creadas por la administración de Iván Duque, pues a lo largo de las décadas la política estatal ha sido la de tomar medidas insuficientes. Los resultados saltan a la vista. Cerca de 120.000 bonavarenses están en condición de pobreza, más de 227.000 personas no tienen ingresos fijos y se ha reportado un enorme subregistro en el reclutamiento forzado de menores por parte de las bandas criminales. En esta coyuntura de enfrentamiento entre los actores ilegales, hay 170.000 personas en riesgo y más de 30 familias desplazadas. Es la paradoja de la desigualdad del modelo de desarrollo colombiano: un puerto esencial para el país ha dejado a la población que lo rodea en el olvido, la pobreza y la negligencia de la burocracia.
Escribiendo hoy para El Espectador, Jaime Arocha cuenta cómo ya perdió la cuenta de las cartas que ha firmado “urgiendo a las administraciones presidenciales que se han sucedido a lo largo de los últimos 30 años para que cumplan con su deber constitucional de proteger la vida y los derechos de los pueblos de ascendencia africana”. Siguen siendo necesarias esas misivas, pero siguen cayendo en oídos sordos.
Nos unimos, entonces, al clamor. No podemos seguir ignorando lo que ocurre en Buenaventura, menospreciando la gravedad y esperando que la situación se componga sin medidas ambiciosas. Es tiempo de actuar.
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