La calentura no está en las sábanas

Los escándalos del DAS fueron múltiples, cobijan casi todos los errores posibles que estaban en capacidad de cometer. De ser un organismo de inteligencia pasó a convertirse en un aparato de filtración de datos al servicio de criminales: chuzadas a magistrados, periodistas y miembros de la oposición. Datos de uso privativo entregados a organizaciones criminales para realizar actos reprochables. Participación incluso, según ha dicho la justicia, en asesinatos deplorables, como el del profesor Alfredo Correa. Algunos de sus directores tildados de criminales (Jorge Noguera está en la cárcel por cuenta de una sentencia judicial y María del Pilar Hurtado exiliada en Panamá, prófuga de los requerimientos de la justicia). Presuntamente implicado, incluso, en atentados contra civiles: contra el hoy ministro Germán Vargas Lleras, contra Víctor Carranza.

Este organismo de seguridad, sin duda, necesitaba una depuración. Los medios, expertos, críticos, columnistas, entre otros, se fueron —y con razón— lanza en ristre contra un organismo que se veía más como enemigo de los ciudadanos que como su protector. Una empresa criminal y no una entidad de inteligencia. El problema de esta constante puja pública en contra de la organización generó un descontento generalizado entre la ciudadanía, que produjo una actitud positiva frente a la desaparición de la entidad. Pero ¿era su desaparición el camino correcto? ¿Se necesitaba una reestructuración total del organismo o un cambio en su política interna? ¿Se trata éste de un problema endémico o coyuntural?

Creemos más lo segundo. Todo organismo de inteligencia tiene la difícil tentación de caer en los errores en los que nuestro DAS incurrió. Fue más la política de la entidad, de sus dirigentes, de sus altos mandos, la que lo convirtió en el hueco institucional que llegó a ser. Toda esta forma de reestructurar los organismos del Estado puede verse bien a nivel simbólico, pero a nivel práctico parecería insuficiente. ¿De qué sirve crear una nueva entidad con las mismas funciones? Si bien éstas quedarán divididas en varias entidades (la Fiscalía, la Cancillería, entre otras), la de inteligencia se dará en un organismo llamado la Agencia Nacional de Inteligencia (ANIC). ¿Cambiar el nombre soluciona los problemas? Tal vez no.

Por lo pronto se sabe que el director de dicha entidad será el excomandante de la Armada, el almirante Álvaro Echandía. Aunque no haya duda alguna sobre su transparencia y eficacia en el manejo de la inteligencia desde esa fuerza, voces expertas consideran que los organismos de inteligencia deben estar en manos de civiles (para desarrollar una identificación de riesgos políticos y sociales y no simplemente la toma de decisiones sobre la seguridad, porque de esta forma pierde su esencia) y no de militares, quienes tienen más experiencia en la lucha contra la criminalidad.

Otros expertos han comentado lo que nosotros replicamos en este espacio: el DAS vuelto empresa criminal fue más una política explícita que un vicio inherente a su existencia misma, a su razón de ser. No nació corrupto, sino que lo volvieron así. Cambiar el nombre no basta si se mantiene la misma mentalidad. Y con la reestructuración se vienen problemas de índole administrativa: ¿qué pasará con los miles de documentos que contienen la verdad de los años más oscuros del DAS? ¿Cómo cambiará el régimen laboral de sus empleados de base? ¿Toda esta reestructuración limpiará sus vicios, o simplemente los ocultará? Las preguntas, casi inservibles en este momento, deben reformularse con miras a una exigencia ciudadana, a lo que las víctimas del DAS piden: una renuncia explícita a la criminalidad del Estado, una depuración de la política y una visión clara de cuáles son las funciones de un organismo de inteligencia. De lo contrario, sus problemas coyunturales podrían renacer.