Camino despejado

Dijo que sí la Corte. Sin embargo, impuso una serie de requisitos para que el modelo de justicia se ajuste a lo que la Constitución permite. Estos, por supuesto, deberán ser acatados, sin recelo por parte no solamente del Congreso, sino de todas las autoridades que intervengan en dicha eventualidad.

Está, por un lado, el elemento de fondo: la justicia real y efectiva, pese a lo transicional. Ha dicho la Corte que quienes entreguen las armas deberán asegurar, de manera efectiva, la reparación, y el Legislativo deberá ser muy claro a la hora de decir cómo se dirá la verdad, cómo se hará efectiva la justicia, cómo será dada la reparación y cómo se garantizará la no repetición. Estos cuatro elementos no son sólo palabras: son vidas humanas en juego. Pese a que las Farc han sido parcas (por decir lo menos) a la hora de aceptar todo esto, deben hacerlo finalmente. Esperamos que esta arrogante actitud sea por negociar una Colombia posible y no porque estén convencidas de que no han hecho un daño enorme. Se lo deben al país. De ahí en adelante, que propongan y discutan políticamente el modelo de Estado que deseen.

Lo de forma también cuenta: esto tiene que hacerse con toda precaución para no caer en errores a la hora de la implementación. Errores que podrían costarnos investigaciones en tribunales internacionales de justicia y, finalmente, arruinar la dinámica del posconflicto. Si se quiere hacer las cosas bien, habrá que vigilar los instrumentos que saldrán de todo este arreglo: los caminos rápidos, acá no sirven de nada.

Así es que es cierto: hay que tener mucho cuidado a la hora de priorizar los casos en ese modelo de macrocriminalidad que la Fiscalía viene preparando desde hace un tiempo. El hecho de escoger casos sistemáticos para dar con los responsables de un número considerable de delitos se nos hace la estrategia más sensata en un conflicto que lleva 60 años. No de otra forma se puede obrar. Si no, nos quedaríamos anclados en la nada rentable actitud de investigar delito por delito hasta que el tiempo no dé, como sucedió con los procesos de Justicia y Paz.

Claro, hay que ser cuidadosos: no deben, no pueden, olvidarse los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, la tortura, la violencia sexual, la desaparición forzada, el desplazamiento, el reclutamiento de menores de edad, entre otros. Las víctimas deben participar en estos procesos constantemente para que las atrocidades cometidas no se queden en el olvido.

Y los máximos jefes deben pagar una pena, también. Aunque la Corte no se pronunció al respecto, y dejó al Congreso esta decisión a la hora de reglamentar el acto, sí quedó la sensación de incomodidad de que no hubiera un solo día de pena para los máximos líderes de esta guerrilla.

Con todo, el camino se despeja un poco y se aclaran las dudas. Acá, finalmente, está la llave que podrá abrir la puerta. El Congreso tiene la palabra. Y esta vez debería poner oído atento a las voces que desde la academia se levantan generando dudas. Es el momento de que esto se vuelva preciso y técnico, sin errores, sin salvedades. La paz lo necesita.