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Es común en nuestro país que cada tanto aparezca un video o un testimonio que denuncie el irracional maltrato contra algún animal. El reflejo que arrojan esas imágenes son las de una humanidad arrogante, perdida, aprovechada de su aparente superioridad de fuerza y confiada en la ausencia de consecuencias por su violencia. Somos la peor versión de la sociedad cuando permitimos que esa hostilidad prospere. Por eso, celebramos que el Congreso haya aprobado la semana pasada un proyecto de ley que sanciona hasta con cárcel este tipo de agresión.
La iniciativa tipifica como punibles varias conductas relacionadas con los animales y establece un procedimiento sancionatorio de carácter administrativo y judicial. Cuando se convierta en ley de la República, las autoridades podrán imponer hasta 60 salarios mínimos mensuales vigentes como sanción e incluso pedir su reclusión en una cárcel de 12 a 36 meses. Se prohíbe, entonces, causarle la muerte a un animal o lesiones que afecten gravemente su integridad. Además, la Policía Nacional, de acuerdo con el proyecto, puede retener preventivamente en forma inmediata y sin necesidad de una orden judicial o administrativa previa cualquier animal que esté siendo víctima de conductas que constituyan maltrato injustificado o que pongan en peligro su vida o su integridad.
En otras palabras: los animales tienen derechos en nuestro país. Bien hecho.
Ya hemos hablado en este espacio del poder simbólico que tiene el Derecho. Las leyes son la columna vertebral de la sociedad; los principios y valores que plasmemos en ellas, en teoría, son los que motivan el actuar de Colombia como Estado. Por eso, decir que los animales son considerados seres vivos que merecen una especial protección contra el sufrimiento injustificado, es también una apuesta por ser un país mucho más noble y humilde, capaz de reconocer que no somos los dueños de este mundo, sino meros cohabitantes en él, y que debemos respetar las otras formas de vida que nos acompañan.
Esto, en últimas, es una apuesta por la paz, igual que todos los compromisos con el medioambiente que se están negociando en París.
Dicho esto, y como todo proyecto que utilice la inescapable fuerza punitiva del Estado, es importante hacer algunas precisiones.
Hace poco comentábamos el afecto que el Congreso le tiene al populismo punitivo, la idea mediática -y errada- de que las penas más altas son la solución para todos los problemas del país. Nos mantenemos en lo que dijimos, pero en esta oportunidad se trata de un uso adecuado del sistema penal.
Nadie está diciendo que el maltrato se va a reducir por las penas, pero hay dos cosas que se están haciendo para empezar a detenerlo: primera, la potestad otorgada a la Policía es una excelente manera de proteger a los animales agredidos (aunque esperamos que luego el mantenimiento de esos animales, en ausencia de una política pública al respecto, no se torne en un dolor de cabeza). Segunda, se está creando una sanción que no existía para unos hechos que, a la luz de los principios de nuestra sociedad, son un delito. Para eso, para definir las líneas que los ciudadanos no pueden cruzar, está nuestro Código Penal.
Por eso aplaudimos al Congreso.
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