Carrusel diplomático, otra vez

A pesar de la veda respecto a los nombramientos, el Gobierno ha venido designando en el servicio exterior personal por fuera de la Carrera Diplomática en sitios tan importantes como el Consulado en Milán, la Embajada en Holanda y embajadores en Egipto, Ginebra, Brasil y, recientemente, el Vaticano. Esto, dentro de lo que se conoce públicamente. Se especula además sobre la posibilidad de que algunos de los funcionarios más cercanos al presidente Uribe estén en proceso de encontrar refugio en embajadas tan importantes como la de Madrid o Washington.

Estas decisiones tienen dos claros inconvenientes: por una parte, es una actitud por lo menos descortés con el gobierno entrante que, continuista o no, encontrará ocupados cargos para los cuales debería tener todo el derecho a elegir sus ocupantes, y por el otro, va en clara contravía de la costumbre y la norma que rige el servicio exterior, pues los recién nombrados embajadores deberán renunciar al terminar el período constitucional dentro del cual fueron nombrados, es decir, el 7 de agosto de 2010. Esto no es una opción, es una obligación legal, según el artículo 91 del Decreto 274 de 2000. Está de más advertir los inconvenientes que las situaciones emergentes provocarán sobre el tesoro público y sobre las relaciones diplomáticas con los países y organismos ante los cuales se ha decidido enviar a estas personas a representar al Estado colombiano.

El Gobierno sigue teniendo problemas para encontrar la manera más adecuada para manejar el servicio exterior. Un intento reciente por hacer más exigentes los requisitos para el nombramiento de personas por fuera de la Carrera Diplomática ha terminado en una norma que no cambia en mucho en la práctica actual. Si bien se ha agregado la condición de que los aspirantes a estos cargos sean profesionales, el desequilibrio en contra de los profesionales del servicio sigue siendo aberrante: en tanto un funcionario de carrera requiere de casi veinte años para llegar a la categoría de Ministro Plenipotenciario (penúltimo grado en el escalafón), una persona que aspira al mismo cargo, en provisionalidad, debe acreditar apenas ocho de experiencia profesional, no específica; en las demás categorías el desequilibrio es tanto o más notable.

Un balance de los ocho años de las dos administraciones Uribe muestra un saldo en rojo en los temas de política internacional, con un resultado especialmente crítico en cuanto a la gestión del servicio exterior. Los múltiples escándalos por los nombramientos diplomáticos sin el lleno mínimo de requisitos fueron luego acallados por otros más propios de la crónica roja, como los falsos positivos o las interceptaciones ilegales. Sin embargo, deberían haber dejado lecciones más claras sobre cómo no proceder. Pero el Gobierno parece empeñado en ignorar las lecciones a este respecto y volver al esquema de nombramientos por favores recibidos.

El reciente informe de la Misión de Política Exterior ha insistido en la necesidad de tener una Cancillería más fuerte y, sobre todo, un servicio exterior más profesional y eficiente. Si bien el conjunto de recomendaciones está por evaluarse en su totalidad, la insistencia en mantener las viejas prácticas acerca del manejo de los cargos en embajadas y consulados lleva a pensar que es demasiado temprano para empezar a ignorar el consejo de los expertos.