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La aparente bukelización de Ecuador requiere un manejo prudente y con destreza por parte de la diplomacia colombiana. El primer golpe se sintió cuando el presidente del vecino país, Daniel Noboa, utilizó a los presos colombianos para obtener réditos populares y dar la sensación de estar actuando con eficiencia contra la criminalidad. A medida que la retórica se siga radicalizando y arrecie el conflicto armado, Colombia debe tener claro que no puede perder a un aliado con el que compartimos frontera, cooperación económica y militar, así como fuertes lazos culturales. El presidente de la República, Gustavo Petro, y el canciller Álvaro Leyva necesitan desenvolverse con cautela, pues no podemos perder relaciones como ocurrió en su momento con Venezuela.
El presidente Noboa está desesperado. Es comprensible: la situación de orden público en Ecuador lleva más de una década en franco deterioro y los actos terroristas que presenciamos hace una semana ameritan una respuesta contundente. El problema, no obstante, es que el joven presidente decidió escuchar los cantos de sirena que vienen desde El Salvador y su estrategia para enfrentar la crisis ha sido el populismo militarista. Refiriéndose a los grupos criminales que operan en su país, Noboa sentenció: “Hace dos semanas le estaban declarando la guerra a este gobierno. Me estuvieron insultando de todas las formas posibles. Y ahora ellos quieren hablar de la Convención de Ginebra, y ahora quieren hablar de derechos humanos y decir que son solo víctimas del sistema”. La caricaturización es calcada del discurso de Nayib Bukele en El Salvador y propone la falsa disyuntiva entre proteger los derechos humanos y combatir al crimen organizado. El mensaje es que el conflicto armado autoriza cualquier mecanismo de lucha por parte del Estado. Colombia sabe muy bien lo que ocurre cuando se les da rienda suelta a esos discursos.
En medio de ese ruido, nuestro país salió a deberle al gobierno ecuatoriano. El presidente Noboa lanzó una propuesta: “Colombia dijo que nos querían ayudar y dije: perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas (…) Podemos sacar esos 1.500 y dejarlos en la frontera. Y muchas gracias”. Se trata, a todas luces, de una pose de autoritarismo para ganar réditos políticos. Como explicó Yesid Reyes en El Espectador, enviar a los 1.500 presos a Colombia sin un acuerdo implica que la justicia nacional no los podría capturar, lo que, “desde el punto de vista de política criminal (…) estaría enviando al mundo el peligroso mensaje de que los extranjeros pueden delinquir en su territorio con la tranquilidad de que allí no serán enviados a prisión o lo serán solo por un corto tiempo, después del cual serán devueltos a sus países de origen donde como regla general la justicia no puede perseguirlos”. Lo dicho: se trata de un despropósito causado por la gravedad de la situación en Ecuador.
¿Qué debe, entonces, hacer el gobierno Petro? Comprender que el populismo creciente en Ecuador buscará usar a Colombia para justificar la inseguridad y redoblar la diplomacia. Además de la asistencia que se puede otorgar en inteligencia militar y manejo de un conflicto armado, el presidente y el canciller deben entablar diálogos constantes con el presidente Noboa. Colombia puede ayudar a Ecuador en su crisis, pero necesita actuar con cautela.
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