¿Cerrarle las fronteras al licor extranjero?

No es para menos: según varios estimativos, cerca del 75% de los licores extranjeros entran al país “por debajo”. El whisky, el vodka y los rones blancos son los más contrabandeados tanto por su facilidad de adulteración como por los altos tributos que soportan. Ante esta situación, las 32 gobernaciones del país y el Distrito Capital manifestaron la intención de radicalizar las medidas de control y cerrar las fronteras a la importación de todos los licores extranjeros de más de 30 grados de alcohol desde el próximo 1° de marzo. Esto, valiéndose de la concesión legislativa que les otorga a las asambleas departamentales la facultad para “monopolizar en beneficio de su Tesoro, si lo estima conveniente, y de conformidad con la ley, la producción, introducción y venta de licores destilados embriagantes”. La medida prohibitiva pretende, según los gobernadores, recuperar rentas nacionales.

Han surgido —y no sin razón— varias preocupaciones sobre la conveniencia de tal medida. Sin desconocer la necesidad de controlar el contrabando y, aún más, el licor adulterado, es bastante difícil entender cómo las mismas autoridades, que no han podido evitar que de las 28 millones de botellas que ingresan al país anualmente 22 millones lo hagan de contrabando, ahora sí, con la prohibición, vayan a lograr disminuir estos números, en especial, cuando es bien sabido que no pocas veces tal tráfico y venta de estos licores ilegales sucede con la complacencia de las autoridades. Es difícil evitar el poder corruptor de un bien que puede llegar a pagar hasta 50% de impuestos y aranceles, pero más difícil será hacerlo cuando éste es completamente restringido; pasaremos del 75% del contrabando al 100%. La prohibición aumenta los precios, y éstos, las ganancias. El narcotráfico nos debe ya haber mostrado que con suficiente margen de rentabilidad no hay control que valga y sí es mucha la violencia —injustificada— que se desata.

La idea de los gobernadores, parece ser, la de presionar, a través de la prohibición, a las multinacionales licoreras a vender sólo a los distribuidores autorizados en el país. Sin embargo, con una participación de Colombia tan marginal en el mercado mundial, mejor le va valiéndose de las vías diplomáticas y legales —ya hay un par de procesos abiertos en EE.UU. sobre tres licoreras americanas por este motivo— que jugando a perder en una falsa mesa de negociación, más aún cuando el Gobierno Nacional está moviendo todas sus fichas en sentido contrario. En abrir las fronteras consisten los tratados de libre comercio, y es precisamente en este sentido en lo que este y los pasados gobiernos vienen insistiendo. Esto sin mencionar la violación en que se incurriría con los tratados ya firmados, si la anunciada prohibición se hace efectiva.

Además del ridículo práctico de la propuesta y sus graves consecuencias en términos de comercio internacional y, más importante, en términos de orden y salud pública, falta resaltar un punto fundamental: ¿tiene realmente sentido negar libertades por motivos fiscales? Hay un límite a lo que las autoridades públicas pueden hacer y desviar obligadamente el consumo del whisky al aguardiente no forma exactamente parte de sus potestades. Una cosa es obligar a los ciudadanos a contribuir en el pacto social a través de la tributación, y otra muy diferente es restringirles sus libertades cada vez que algo falla en el sistema de recaudo. Por lo menos en eso deberían mantener el norte nuestros gobernantes.