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Evidentemente no están todas las que requieren atención y con justa razón se podría argumentar que no fueron escogidas las especies sobre las que se cierne una amenaza mayor. Pero la iniciativa marca un hito con precedentes que debería multiplicarse. Cada una de las 10 especies escogidas representa una situación particular de pérdida y extinción, y un reto específico para la toma de acciones concretas. En conjunto, se perfila una estrategia con inmensos retos en el territorio.
La marimonda y el paujil del Magdalena son las especies escogidas que se encuentran más amenazadas por la deforestación. Su salvamiento inmediato requiere la declaración de varias áreas protegidas, entre ellas el parque nacional Serranía de San Lucas, tierra donde todas las violencias y complejidades confluyen. Un reto mayor para integrar la conservación y el beneficio local: cosa válida para gran parte del territorio que podría entrar en un eventual posconflicto. El manatí del Caribe y el río Magdalena depende del futuro de los planos de inundación del gran río, y no podría mantenerse a largo plazo si no se limitan las obras de regulación de los pulsos de inundación con todas las obras civiles imaginadas. Hoy viene siendo salvado por algunas comunidades de las ciénagas, sin que exista un reconocimiento de propiedad y usufructo de esos espacios. Un reto de gobernanza y planificación ambiental del desarrollo.
Igual situación ocurre con el bagre rayado, una especie migratoria en el mismo río, que además requiere acciones específicas para mejorar las condiciones de vida de los bagreros, esos pescadores especializados de los que nadie habla. El tapir o danta amazónica, si bien menos amenazada que la del Pacífico y la del páramo, es presa preciada de colonos e indígenas, por lo que su conservación debe ir de la mano con acuerdos de uso sostenible entre población vulnerable.
El cocodrilo del Orinoco y la tortuga charapa conforman restos de conservación de gran escala, pues su mantenimiento depende de la integridad de sus hábitats —ríos y humedales—, hoy en pleno proceso de transformación. Hay también dos árboles de madera dura en la lista. El carreto o palo de rosa, que fue diezmado dentro de las selvas, debería multiplicarse y reintroducirse en reservas y tierras comunales. El congrio de la Orinoquia está siendo agotado para la fabricación de cercas y debe ser cultivado. Ejemplar el trabajo que adelanta la fundación La Pedregosa sobre esta especie, como parte de la alianza para la protección del río Bita. Por último, la palma de moriche, si bien es muy abundante y ciertamente una de las menos amenazadas gracias a su amplia distribución —hay varias especies en peligro crítico esperando acción—, no así el morichal, que es el bosque en que se manifiesta, que viene siendo diezmado por la ampliación imprudente de la frontera en las sabanas.
La conservación de 10 especies escogidas es un esfuerzo loable, con efectos positivos sobre miles más y sobre amplios espacios que benefician a muchas comunidades. Ojalá el Gobierno Nacional lanzara una estrategia de mayor envergadura, sobre las miles que esperan atención. Extraña todavía en este cometido la escasa participación de las CAR, que, con notorias excepciones, parecen ocupadas en otras cosas. Se demuestra, además, que las empresas extractivas, bien asesoradas y orientadas, a pesar de su gran huella ecológica, pueden seriamente contribuir a lo que debería ser un propósito nacional.