La continua disputa por la séptima

Primero fue Luis Eduardo Garzón, cuya administración dejó hechos unos diseños para implementar el modelo clásico de Transmilenio a lo largo de toda la séptima. Le salió al paso Samuel Moreno, con su idea de realizar lo mismo pero en una modalidad ligera y que sólo llegara hasta la calle 72. La idea se materializó finalmente antes de su destitución, adjudicándoselo a la firma Promesa Sociedad Futura. Ni a los expertos ni a la alcaldesa encargada les sonó muy bien esta idea, así que para transformarla, se conformó una comisión interinstitucional que evaluó la propuesta que hoy tenemos: una carrera séptima más amigable con el ambiente, con cero emisiones de gases y repleta de andenes, ciclorrutas y buses eléctricos.

Nada mal. En especial porque esta clásica vía bogotana es una de las más contaminadas de toda la ciudad. Tanto la imagen que se ve, como lo expresado por la alcaldesa al bautizar la obra como “corredor verde La Esperanza”, parecen ideas favorables para la capital. Empero, no se han tocado dos temas acaso fundamentales en la discusión: el costo que va a representar para los ciudadanos el hecho de abandonar el proyecto estudiado en contrato firmado y la manera en que se realizará la implementación de esos altos objetivos.

Del primero ya se tienen algunas abultadas cifras: $10 mil millones pagados por los estudios que Garzón mandó a hacer al final de su alcaldía; $80 mil millones —aún no cancelados— por el contrato que firmó Moreno, del cual, si es liquidado como pretende la alcaldesa encargada, se penalizaría a la ciudad con $16 mil millones; y finalmente La Esperanza, que le costaría al país la no despreciable suma de $600 mil millones.

Del segundo no se sabe nada. No hay hasta ahora un documento técnico que muestre los diseños, los costos desagregados, la forma en que se penetrarán y modificarán las redes más viejas de Bogotá, ni tampoco cuánto tiempo podría durar su construcción. De lo único que se tiene certeza es de los problemas: desde la manifiesta oposición de la mayoría de candidatos a la Alcaldía para las elecciones de octubre, hasta las palabras de la directora del IDU, quien aún no cree conveniente liquidar el contrato firmado por Moreno. Está también el inconveniente de la vía alterna mientras se lleva a cabo la construcción, pues la Circunvalar estará lista, si todo marcha bien, en 20 largos meses.

No nos oponemos al proyecto, pero ya es hora de que la Alcaldía Mayor tome una decisión seria, inamovible y con ayuda de expertos —que hasta ahora no los usan— sobre el futuro de la séptima. Esto para no seguir, a punta de proyectos, afectando tanto el bolsillo de los ciudadanos. Dentro de esta misma línea surge una pregunta interesante: ¿Y si al próximo alcalde no le parece? ¿Otro multimillonario estudio? ¿Empezar otra obra acaso? Gustavo Petro manifestó a El Espectador que lo mejor es que Clara López “deje el asunto en manos del próximo alcalde”. Tal vez sea lo mejor.

Por el momento, el esperanzador proyecto suena y se ve muy bien en un imaginario futuro, pero debe aterrizarse, no sólo a las necesidades ambientales y de movilidad que tienen los ciudadanos, sino también a la realidad financiera que se afronta con cada cambio de decisión.