Control al tabaco

No es de esta casa editorial negar derechos que tengan que ver con las libertades personales: cada cual, y como a bien lo tenga, puede disminuir (incluso atentar o poner en riesgo) su buena salud, siempre y cuando no entre en la órbita de un derecho ajeno. El Espectador no está en contra de que la gente se haga daño a sí misma si a bien lo tiene, con un hábito comprobadamente dañino como el consumo de tabaco. Lejos estamos de tener esa visión.

Pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que no apoyemos las medidas preventivas que existen a la mano para que la gente pueda tener una mejor salud. Eso también hace parte de un Estado social de derecho. Gran parte de esa argumentación es la que ha servido para la despenalización de las drogas: es un problema de salud, no de prohibiciones.

Mucho más si se trata de menores de edad. La venta al menudeo, por ejemplo, que fue prohibida (en un principio con bastante éxito) desde hace unos años en Colombia, recibió el visto bueno de este espacio por una sencilla razón: esa era la forma principal como los menores, al lado de los colegios, conseguían proveerse de un cigarrillo que los inducía, desde muy temprana edad, al vicio de fumar. Y por esa senda, claro, ingresan la mayoría de personas que fuman: a una edad en la que la ley no habla de autonomía consolidada. Los dolores de cabeza evitables en el futuro podrían solucionarse mejor desde esa etapa temprana.

La Conferencia de las Partes llegó con un mensaje que ya resulta obvio y trillado para quienes se oponen con contundencia al consumo generalizado de tabaco: subir los impuestos, que se traduce en un incremento súbito de los precios. Eso no sólo afecta el bolsillo del menor sino el del consumidor activo: tendrá que pagar más y, por ende, tenderá a consumir menos. Es, sin duda, mucho más allá de las campañas agresivas en contra, o del no acceso por parte del consumidor a las cajetillas que venden en los supermercados, la medida más efectiva que hay a la mano. Las tabacaleras piensan lo contrario: que incentiva el mercado negro y el contrabando. Mucha de la realidad en Europa, donde los precios de una cajetilla son tres o cuatro veces mayores a los de acá, tiende a mostrar una realidad muy distinta de efectividad de la norma.

Pero no sólo es eso. Sirve para equilibrar las balanzas del presupuesto. Datos del Ministerio de Salud para 2012 indican que son 4,3 billones de pesos lo que le cuesta al sistema la llamada “epidemia del cigarrillo”, léase, los daños conjuntos al consumo, y que el recaudo de la venta da la bicoca de $400.000 millones.

Podría ser una solución, entonces, a varios de los problemas que de allí se desprenden sin hacer mucha mella en los consumidores duros, que seguirán pagando la cajetilla, como en Europa, sin mucha consideración de los precios. El desincentivo de una conducta que redunda en posibles perjuicios es una medida permitida. Que venga. Que se estimule. Y que fumen quienes quieran dentro de esta regulación.