Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Siendo un tema de expresidentes —la mayoría en Latinoamérica combaten el flagelo de la droga a través de las políticas de guerra frontal durante sus gobiernos y luego, cuando salen, se dan cuenta de que la lucha no tiene sentido— Santos tomó la palabra y dijo que le gustaría hablar no sólo de la legalización de la marihuana, sino también de otras drogas duras. Sobre todo la cocaína, causante de una guerra intestina al interior de Colombia a lo largo de los años.
Así mismo, recalcó un punto fundamental: no quisiera ser él quien encabece el debate a nivel mundial porque sería “crucificado”. Y eso es cierto, también. Son los países poderosos (que, a la larga, imponen las políticas antidrogas) los que deben adelantar un debate serio acerca del tema. Mucho más cuando ya se ha aceptado, desde varios frentes, el fracaso que supone la lucha antidrogas en el mundo.
Las declaraciones de Santos son muy importantes. En efecto, el hecho de que el presidente del país que más combate la droga por todos los medios usuales (fumigaciones, prohibición de la dosis personal, Plan Colombia, campañas institucionales, extradición de los capos, todo) diga que apoya un debate a gran escala sobre la legalización es, pues, significativo. Es simbólico.
Demuestra que de este lado, donde se da la producción mientras el consumo en los países del primer mundo aumenta, hay un entendimiento de los asuntos que la droga implica. Se tiene conocimiento de lo que muchos académicos han dado en llamar los problemas “primarios” y los “secundarios”. Los unos, que se derivan estrictamente del consumo (la adicción, las enfermedades que suponen), y los otros, muchísimo peores, que proceden de las políticas de control y el prohibicionismo (las mafias del narcotráfico, la reutilización de las agujas con las que se introduce la heroína al cuerpo, el financiamiento de los grupos armados, entre otros). Colombia es la muestra representativa que necesita el mundo para darse cuenta de que un viraje es necesario.
Muchos sectores amantes del prohibicionismo ya castigaron a Santos. Dicen que es incoherente que el presidente, por un lado, tenga unas acciones internas que apoyan la lucha y, por el otro, tenga un discurso de este tipo frente al mundo. Pero, tal vez, el debate sobre lo que hizo Santos no se puede dar en términos de “blanco o negro”. Santos es el presidente de Colombia, un país que desde hace treinta años está comprometido (de forma casi innegociable) con una lucha que se declaró a nivel mundial por parte de los gobiernos poderosos del mundo. Su posición acerca del tema es, por tanto, rescatable: se arriesga a dar una opinión distinta en un momento histórico en el que esta guerra frontal se pone en cuestión.
Es obvio que, como dijo el ministro Germán Vargas Lleras, el debate debe darse en términos profundos, de amplias discusiones sobre los efectos en los consumidores, en el mercado, en las políticas de salud pública, en el derecho penal. Y es obvio, también, que la legalización no se va a dar de un día para otro. Lo que hace Santos es dar un discurso importante, una señal de un jefe de Estado con la autoridad moral para hablar sobre drogas, ya que, en su trasegar político, ha cumplido con la guerra en todos sus frentes. No vendrá de sus viajes diplomáticos a cambiar toda la legislación. No puede. No tiene tanto poder. Pero la coyuntura lo ayuda: ya en Estados Unidos se atrevieron a debatir el tema de la legalización de la marihuana en California, ya puede existir el acercamiento —tal vez en unos años— a un verdadero debate sobre la droga. Una mirada distinta que guíe las políticas a donde siempre debieron estar: la salud pública y no el orden, la libertad personal y la autonomía y no las políticas paternalistas. Ojalá esa puerta haya quedado abierta.