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En el país se ha venido hablando mucho sobre los líderes sociales asesinados, pero aun así persisten los prejuicios y el desconocimiento sobre la labor esencial que desempeñan estas personas. Por eso —con el apoyo de Colombia 2020 de El Espectador, Caracol TV y varias organizaciones e instituciones— esta semana se presentó la campaña Lidera la Vida, que busca visibilizarlos y ayudar a quitarles el estigma cómplice con la violencia en su contra.
Las cifras son escabrosas. Según la Defensoría del Pueblo, en Colombia hay 1.351 líderes amenazados y, desde la alerta que emitieron en marzo de 2018, han sido amenazados 196 más. La semana pasada se anunció que Colombia es el segundo país del mundo donde más matan a líderes ambientales. Según el informe de Global Witness, una ONG inglesa que lleva la cuenta del número de homicidios a líderes ambientales y defensores de la tierra, el año pasado fueron asesinadas 164 personas por su liderazgo ambiental en 22 países del mundo. De ellos, 24 eran colombianos.
Se trata de un problema al que no le hemos encontrado solución. El gobierno de Iván Duque anunció que se hará una política pública para defender a los líderes y se está elaborando un documento Conpes, pero sus contenidos todavía no se han divulgado.
En ese marco, el pasado jueves en Montería, 300 líderes de distintos lugares de Córdoba se encontraron con representantes de instituciones que tienen responsabilidades en la protección de los defensores, como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, además de integrantes de la comunidad internacional, como USAid y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Allí, todos lanzaron Lidera la Vida, un proyecto que también cuenta con la participación de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
En medio de la violencia, la apuesta es por el diálogo y el reconocimiento de las necesidades de los líderes que se encuentran altamente vulnerables. No se puede construir una política pública lejos de las regiones, sin saber cuáles son las necesidades reales. Eso nos ha llevado a descubrir, por ejemplo, que los esquemas de seguridad actuales de la Unidad Nacional de Protección (UNP) no son eficientes al momento de defender la vida de los líderes.
Como explicó en el evento el defensor del Pueblo, Carlos Negret, es necesario que el Conpes tenga “todas las condiciones para que no quede como un documento de economistas que no se lleve a cabo. Debe ser un documento con recursos”. También, como dijo Marco Romero, director de Codhes, “la protección debe ser concertada con las comunidades. Hay un llamado a la protección colectiva y deben darles garantías a los mecanismos de autoprotección”.
Ante una problemática compleja, las soluciones propuestas por quienes la están sufriendo están sobre la mesa. El siguiente paso es oírlas e implementarlas, y seguir abandonando los estigmas. Para ver si, por fin, dejan de matarlos cada semana.
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